Reacciones de profunda desazón ha provocado el veredicto absolutorio de los 11 comuneros mapuches acusados por la fiscalía del crimen que afectó a la familia Luchsinger McKay.

Es evidente que la solución de los problemas de convivencia e inseguridad en La Araucanía no depende de la resolución de casos concretos por parte del Poder Judicial. Pero el sostenido fracaso del sistema de persecución penal para identificar a los responsables de los crímenes y atentados que sufren los habitantes de esa zona ahonda la sensación de indefensión de las víctimas y de crisis del Estado de Derecho.

En las últimas semanas, las fricciones dentro del gabinete respecto de la existencia de actos terroristas en esa región y la manera de encararlos, así como la actuación errática frente a las huelgas de hambre de personas imputadas, develan también la falta de convicción del Gobierno para abordar y liderar la acción del Estado en esta dimensión del conflicto.

Como hasta ahora solo se conoce el veredicto del tribunal y no la sentencia, cuyo plazo de comunicación es de veinte días hábiles, y atendido que la decisión absolutoria se basa en la supuesta falta de pruebas para acreditar tanto la concurrencia de los elementos fundantes del delito de terrorismo (específicamente la intención de los autores de causar temor en la población) como la participación de los acusados en el hecho, resulta imposible aún valorar en su mérito esta resolución. Sin embargo, el resultado de este y otros casos obliga al menos a considerar la hipótesis de que los tribunales estén teniendo dificultades para comprender y valorar adecuadamente la denominada prueba de indicios.

En causas de esta naturaleza, la prueba directa es relativamente escasa y los hechos probados se constituyen en buena parte sobre la base de una valoración conjunta de toda la evidencia. En este contexto, la prueba indiciaria resulta tan fundamental como indispensable, aunque para construirla o desecharla se requiera un razonamiento lógico y jurídico de cierta complejidad. La revisión del texto de la sentencia permitirá determinar si los jueces orales realizaron adecuadamente esta labor. Por otro lado, el fallo deberá dar cuenta de las razones que fundan la desestimación de algunos testimonios relevantes prestados en la etapa investigativa, una decisión que resultó sorpresiva para muchas personas familiarizadas con la investigación.

Más allá de la incapacidad del sistema penal para dar con los autores del asesinato del matrimonio Luchsinger McKay, el proceso dejó abundante constancia de las situaciones que sufren y angustian a las víctimas de la violencia en La Araucanía, pero cuya reiteración pareciera haber adormecido la conciencia y sensibilidad de sectores políticos y de la opinión pública. Los cuestionamientos al Estado en la región no se encarnan exclusivamente en uno o más atentados o crímenes sin aclarar. Las críticas abarcan un amplio espectro de materias vinculadas al conflicto, que se extienden por un prolongado tiempo e incluyen la política de entrega de tierras, las políticas de integración y un estrepitoso fracaso en materia de seguridad y mantención del orden público. Es difícil dimensionar las repercusiones de largo plazo que todo esto acarreará al país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.