La dignidad es sin duda una gran palabra y en ella se encuentra la defensa de grandes valores, ya que en el reconocimiento de ella a todos los seres humanos encontramos un motivo para enfrentarnos a la pobreza y buscar formar una mejor sociedad para todos, especialmente los más vulnerables. Asimismo, en el entendido de nuestra propia dignidad comprendemos que nuestra vida tiene un sentido y que merece ser vivida, con sus penas y alegrías, lo que nos ayuda a sobrellevar nuestra propia vulnerabilidad. Así no llama la atención que la palabra dignidad sea usada para arengar buenas causas, como lo hizo el capellán del Hogar de Cristo a principios de este año al llamar a “recuperar la dignidad de las familias” afectadas por los incendios, o la presidenta Bachelet al invitar a la comunidad internacional a respetar la “dignidad de los refugiados”.

Sin embargo, no siempre la dignidad es usada para rescatar el valor de los más vulnerables. Por el contrario, es cosa común que los más débiles sean invisibilizados por los poderosos y de esa manera privados de su dignidad, lo que a veces se hace en nombre de la misma. Tal es el que la presidenta Bachelet haya calificado a Fidel Castro como líder de la “dignidad y justicia social”; declaración que invisibiliza y priva de su dignidad a las víctimas fatales del régimen y de los grupos que este apoya, así como millones de cubanos exiliados o cuyos derechos humanos son violados todos los días. Asimismo lo es el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales y regula la interrupción del embarazo –también promovido en nombre de la dignidad–, el que invisibiliza a madres e hijos en situaciones de extrema vulnerabilidad.

En efecto, la nueva legislación niega la dignidad humana a aquellos de nosotros que se están gestando con una enfermedad terminal y a los hijos del delito de sus padres. A ellos se les negará la protección de sus vidas y serán dejados a la buena voluntad de sus madres, quienes podrán darles muerte. De esta manera el país retrocede, ya no todos somos iguales ante la ley, ciertos enfermos no son considerados humanos, se justifica el castigo a los hijos por el crimen de los padres y se abre la puerta para que estas consideraciones puedan ser aplicadas a otros seres humanos. En este último sentido, vale la pena preguntarse si el nuevo criterio puede autorizar a un hijo a renunciar al cuidado de su madre anciana, abandonarla o bien darle muerte prematuramente si ella está afectada por una enfermedad terminal.

Por su parte, también a las mujeres se les niega su dignidad. A aquellas que se encuentran en esas duras situaciones de que trata el proyecto se les priva de la ayuda pública para llevar sus embarazos a término; se les sugiere, en cierto modo, optar por el aborto; se las pone delante de falsas dicotomías que las hacen elegir entre la “vida del niño” y “su propio bienestar”, y a muchas se les volverá victimarias, con lo que varias podrían perder la propia concepción de su dignidad y de la categoría invaluable de sus propias vidas (Desmond Tutu). Además, se degrada a aquellas que optan por la vida, al plantear este deber solo como una opción más, que en sí no tiene ningún valor especial.  Por otro lado, también se degrada la dignidad del género femenino al liberarlas de un deber que está íntimamente ligado con la realidad humana de sobreponerse a la adversidad. Ahora, se les tratará como gente débil que no pueden lidiar con el infortunio y la legislación les dirá que las dificultades de la vida no tienen sentido.

No podemos permitir esto; que en nombre de la dignidad se prive de ella a mujeres y niños. Así, debemos derogar esta siniestra legislación cuanto antes. De lo contrario atentamos contra la dignidad de nuestra propia sociedad, la que se basa en sus permanentes intentos –pese a muchos fracasos– por formar una sociedad más solidaria donde se respete el valor y vida de todos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Dínamo.