Este título es quizás uno de los asuntos más controvertidos en nuestro actual escenario político. Los chilenos debatimos acerca de cuál es el ámbito de acción del mercado y del Estado, y, en particular, acerca de quién debe proveer los derechos sociales. Los defensores del Estado han visto en él la defensa de los intereses colectivos, mientras que en el mercado solo la de los intereses privados. Por su parte, los partidarios del mercado se han fijado solo en las permanentes ineficiencias del Estado. Por mi parte, creo que ambos erran en la forma en como conceptualizan el problema, pues los vicios del Estado hacen de este incapaz de proveer en definitiva los bienes públicos que se requieren y la avaricia promovida en el sistema de mercado golpea la calidad de los servicios.

En este sentido, entre los vicios del Estado podríamos destacar el despilfarro permanente de los recursos públicos; la captura del Estado por parte de grupos de interés; la politización (en términos partidistas) que lo convierten más en un botín que en un vehículo de desarrollo, y la falta de fiscalización efectiva de la eficiencia de los funcionarios, lo que sumada a los enormes poderes que les confiere el ordenamiento jurídico, hacen que los chilenos debamos padecer una y otra vez sus nefastas decisiones. Los ejemplos abundan: el SENAME, la lista de espera de la salud, la falta de la fiscalización de los gastos de muchas autoridades o lo ocurrido recientemente en la negociación colectiva del Banco Estado, donde los trabajadores del Banco de todos los chilenos se hicieron de bonos y beneficios que no serían otorgados por ninguna empresa privada, haciéndose de esta manera con rentas públicas sin un mayor esfuerzo de los administradores.

Así, entregar la provisión de bienes sociales a los privados, siendo estos fiscalizados por el Estado, no parece una mala solución. En definitiva, cuando el proveedor es un privado, que hará sus utilidades con el negocio, la posibilidad de reclamar en su contra y conseguir condenas o multas para él, como ha ocurrido en el caso de ENEL o las sanitarias, representa un incentivo verdadero para que los dueños, ejecutivos y trabajadores cumplan con sus labores. Pues mientras en este caso merman las utilidades, los castigos a un servicio público son solo retórica. Sin embargo, vale preguntarse si es esta la mejor solución, pues no siempre es tan fácil reclamar y el afán de lucro puede llevar a negar tratamientos a enfermo, a ir mermando la calidad de un servicio social o a intentar permanentemente aumentar las ganancias a expensas del público.

De esta manera urge buscar nuevas soluciones, las que deben ir más allá de nuestra concepción bipolar entre Estado y mercado. Las que solo tendrán éxito en la medida que logren contrarrestar la inclinación humana hacia los vicios y la promoción de nuestras virtudes. En este contexto, creo que se requiere un Estado que se retire a las labores de regulador y que comencemos  a buscar medidas cuyo foco sea incorporar con fuerza a la sociedad civil y no al mercado como tal en la provisión de los derechos sociales. En este sentido, algunas ideas podrían ser: una mejor regulación de las cooperativas y del crowdfunding que impulse una economía más solidaria; fortalecer asociaciones de consumidores; abrir la regulación de distintas materias, como educación y salud para que cooperativas puedan desarrollar proyectos en estos ámbitos. Asimismo, me parece prudente incorporar ciertos principios solidarios en el quehacer social y así, por  ejemplo, exigir a aquellos que estudien gracias al apoyo fiscal, que lleven a cabo alguna forma de retribución al país.

Comenzar a internarse en esta línea significaría un cambio de mentalidad capaz de llevarnos a niveles de desarrollo que la mera acumulación de riqueza no puede alcanzar. Por eso, la respuesta no está ni en más mercado ni en más Estado, sino en que ellos participen en su justa medida y en más sociedad civil.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Dínamo, www.eldinamo.cl.