Los 50 años de la reforma agraria se han celebrado por algunos como si la actual situación del agro chileno fuera un resultado causal de la misma, pero esto no corresponde a la realidad histórica.

Si bien los inicios de la reforma agraria en el país se remontan a 1961, durante la presidencia de Jorge Alessandri, bajo presión de la administración Kennedy en Estados Unidos y su plan “Alianza para el Progreso”, no fue sino hasta el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva que su ejecución adquirió una dinámica que introdujo profundos cambios en el campo chileno. La Ley Nº 16.640 de 1967 buscó acelerar el proceso para terminar con el inquilinaje y la realidad de la propiedad agrícola. Enarbolando la bandera de potenciar la producción de alimentos en Chile, en su dimensión política muchos de sus promotores también anidaban el deseo de debilitar social y electoralmente a los agricultores chilenos, muchos de ellos identificados con la oposición al gobierno democratacristiano. Por medio de esa ley se radicalizó el traumático proceso de expropiaciones de tierras –sin compensación económica real para los agricultores, pues se les pagaba en cuotas a largo plazo, en su mayoría sin reajuste–, cuyos abusos están ampliamente documentados. De acuerdo con cifras de la extinta Corporación de Reforma Agraria (CORA), entre 1964 y 1969 se llevó a cabo el 30% de todas las expropiaciones realizadas hasta 1973.

Instalada la Unidad Popular, la reforma agraria fue radicalizada y profundizada. Las “tomas” previas, promovidas por agitadores, eran seguidas por los decretos confiscatorios, que incluían la residencia de los dueños, aunque no tuvieran otra en la ciudad.

¿Se lograron sus objetivos productivos? A pesar de los más de 5.500 predios agrícolas expropiados, equivalentes a más de 9 millones de hectáreas, la evidencia sugiere que la distribución de tenencia de la tierra se mantuvo prácticamente inalterada. De hecho, en términos del uso de la tierra y su estructura, creció el número de predios agrícolas, pero disminuyó el número total de hectáreas cultivadas. Adicionalmente, se estima que el proceso de expropiaciones significó una pérdida neta cercana a los 800 millones de dólares (en valor presente, en moneda de 1978) para los dueños de las tierras.

En cuanto a la mejora en la producción, la evidencia sugiere que esta nunca se alcanzó. El análisis de las cifras históricas indica que el crecimiento (real) promedio anual del PIB del sector agrícola promedió -0,46% entre 1960 y 1973, mientras que entre 1967 y 1973 la cifra fue de -2,8% anual. Por su parte, distintas medidas de productividad muestran que esta no tuvo mayores cambios durante el período. Tal situación no permitió el aprovechamiento de las ventajas comparativas de Chile en la producción agropecuaria. Las exportaciones de productos agrícolas se deprimieron durante el período pasando desde un 3,47% de las exportaciones totales en 1960 hasta un 2% en 1972 (cifras del Banco Central).

La contrarreforma implementada tempranamente bajo el régimen militar detuvo las expropiaciones, disolvió las instituciones gubernamentales a cargo del proceso y se redistribuyeron los predios expropiados. En 1978, el 28% de las hectáreas expropiadas habían sido restituidas y el 31%, redistribuidas. Se despejó, así, la incertidumbre respecto del derecho de propiedad, factor que fue clave para reactivar las inversiones en el sector agrícola. A esto, además, se sumó una menor intervención estatal en el mercado agrícola y la apertura al comercio internacional.

Esta combinación de medidas tuvo positivos resultados, provocando una auténtica revolución en el agro chileno. Sus exportaciones aumentaron progresivamente hasta alcanzar el 9,8% del total en 1988, manteniéndose en altos niveles durante los noventa. De la misma manera, el crecimiento real del sector agrícola promedió 5,7% entre 1974 y 1989, y más particularmente 9,7% entre 1974 y 1977. Allí se encuentran los inicios del proceso transformador del sector agropecuario en Chile, el que contribuyó a la mayor transformación económica que ha experimentado el país en su historia.

A 50 años de la reforma agraria, vale la pena dejar a un lado los nostálgicos recuerdos, para analizar sus números y la materialización de sus objetivos, y asumir que su carga política e histórica hace difícil conciliar las miradas sobre ella. Afortunadamente, sobre el futuro de la agricultura chilena existe un mucho mayor ámbito de acuerdo en el país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.