El Gobierno y los partidarios de Nueva Mayoría, así como como otras fuerzas de izquierda, han criticado con fuerza al sector privado y han clamado por un mayor rol del Estado en la vida social. Gobiernos con mayores atribuciones, más dotado de recursos, y jugando un rol más activo en proveer productos y servicios para sus ciudadanos.
Así, por ejemplo, quienes están en el poder han promovido reformas a la educación que buscan “estatizar” de facto la formación nuestros niños y jóvenes. A nivel escolar, el Estado ya ha conseguido tomar progresivamente el control de los establecimientos municipales e irá absorbiendo rápidamente a los colegios particulares subvencionados que, bajo este nuevo régimen de financiamiento, se hagan inviables. En los colegios particulares que queden, el control viene a través de un currículum obligatorio impuesto por el Ministerio y de los contenidos que se evalúan en la PSU. En cuanto a la educación superior, se busca también alcanzar un control estatal a través del financiamiento, so pretexto de la gratuidad. De esta forma, la entrega de recursos públicos para la docencia e investigación estarán condicionadas a que las instituciones se sometan al Estado en sus valores, los contenidos, las metodologías y hasta sus formas de gobierno.
Del mismo modo, vemos ingentes esfuerzos por re-estatizar las pensiones. Se ataca ferozmente el modelo de cuentas individuales administradas por privados. Se trata de crear organismos estatales para administrar los ahorros. Incluso, algunos han planteado la idea de expropiar las cuentas individuales para retornar a un sistema de reparto.
En este sentido, y antes de correr a abrazar las propuestas de más Estado, ¿qué tan bien lo han hecho los Gobiernos como gestores de los recursos públicos? ¿Hasta dónde quienes son elegidos para gobernar son capaces de superponer el bien común a sus intereses personales?
Veamos qué nos dice la evidencia. Sabemos, por ejemplo, que en los últimos años la economía no crece y el único lugar relevante donde se han generado empleos es el propio Estado. Sabemos también que el aparato público se ha llenado de amigos y familiares de quienes ocupan los altos cargos y dirigen los partidos políticos. Son miles y miles. Cómo será el amiguismo, que los empleados públicos son también quienes han recibido los mayores reajustes de sueldo, duplicando en promedio al resto de los ciudadanos. Son, además, los únicos privilegiados que se pueden dar el lujo de embarcarse en paros ilegales, que cuestan a los ciudadanos miles de millones, sin ninguna consecuencia.
En salud también abundan las ineficiencias. ¿Las listas de espera son por falta recursos o porque los hospitales son mal administrados? Pregunte cuántos scanners, exámenes y operaciones quirúrgicas se hacen en los hospitales públicos fuera de los horarios de oficina de lunes a viernes. Son tantos los billones que se invierten en salud que, según algunos expertos, alcanzaría para que cada beneficiario de Fonasa cotizara en una isapre y se atendiera en el sistema privado.
Sin embargo, la más dramática y demoledora evidencia de la incapacidad de un Gobierno para proteger a sus ciudadanos es la situación del Sename, una institución del Estado dotada de millones de dólares para cumplir con su misión de “contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes”. Pero en los últimos años el Sename no sólo no protegió a sus niños, sino que además permitió que se les explotara sexualmente, se les maltratara e incluso que murieran por cientos bajo su tutela. Ante el escándalo, se organizaron investigaciones a nivel parlamentario que generaron contundentes informes. El último de ellos, denominado SENAME II, fue elaborado después de un año de trabajo de una comisión de la Cámara de Diputados. Las conclusiones son demoledoras para algunos funcionarios del actual Gobierno, y sin embargo, al final no pasó nada. Personeros del Ejecutivo y hasta sus ministros hicieron lobby e incluso entregaron un instructivo impreso a los parlamentarios para que rechazaran las conclusiones que ellos mismos habían extraído.
La frase que titula esta columna no es original de este autor. Fue pronunciada en enero de 1981, durante el discurso inaugural en que Ronald Reagan asumía la Presidencia de EEUU. Para muchos de sus críticos, se trataba de una visión extrema del neoliberalismo. No obstante, si revisamos el Chile de los últimos años, parece un diagnóstico preciso.
No se engañe, quienes piden más Estado no entienden las graves consecuencias de sus deseos, no se les ha ocurrido nada mejor o directamente ven en ellos una forma de favorecer sus intereses personales y los de su parentela.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl