¿Tiene sentido la nueva Subsecretaría de Educación Superior?

Rubén Covarrubias G. | Sección: Educación, Política

Hace un par de semanas, luego de una negociación política, se dio el vamos a la idea de legislar a la tan discutida Reforma a la Educación Superior. Recordemos que esta reforma viene anunciándose desde los inicios de esta administración y a la fecha ha tenido -nada más y nada menos- 14 cambios, y sigue sin tener ningún consenso entre los actores involucrados.

Por espacio no veremos la propuesta en su conjunto, solo analizaremos la Subsecretaría de Educación Superior, que es un nuevo ente público que se agrega al aparato del Estado.

La subsecretaría tiene ocho responsabilidades principales, y si se profundiza sobre las atribuciones, inevitablemente se llega a la conclusión de que ninguna de ellas es lo suficientemente sólida como para argumentar a favor de la creación de la misma. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿tiene sentido su creación? Analicemos las atribuciones que tendría.

Propone políticas públicas: en estos años hemos sido testigos de que no es necesaria una nueva organización estatal para que aquello ocurra. Sin ir más lejos, la reforma actualmente en discusión, y sin calificar su calidad, fue generada por el ministro de Educación, la actual División de Educación Superior (Divesup) y un grupo de asesores de la repartición.

Propone, crea y administra un sistema común de acceso a las instituciones. ¿Es sensato que una acción tan propia de las instituciones esté en poder y arbitrio de la autoridad política? La experiencia internacional comparada indica exactamente lo contrario. Cada vez más en los sistemas de selección y acceso, la mayor responsabilidad la tienen las propias instituciones.

Además, se pretende por vía administrativa influir en la deserción y en los tiempos de titulación oportuna. ¿Alguien verdaderamente puede creer que por la dictación de una política puedan modificarse estos indicadores? Es no conocer la realidad o establecer una nueva tendencia de intervención al interior de las instituciones.

Propone la asignación de los recursos que determine la ley. ¿Para qué una subsecretaría para esta función? Siempre el ministerio ha propuesto, a través del proyecto de ley de presupuestos, los fondos a asignar al sistema, y nunca se ha requerido de una nueva organización estatal para aquello. Solo es más burocracia.

Propone administrar el otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones. ¿Es necesario una subsecretaría para cumplir esta función? La historia nos demuestra que no. A la fecha, más de medio centenar de instituciones han cerrado sin la necesidad de la misma.

Se propone que administre el Sistema de Información. Hoy lo realiza la Divesup, exitosamente.

Propone que se transforme en la instancia generadora de diálogo entre las instituciones. ¿Es función del Estado constituirse como el gran generador del diálogo interinstitucional? Esto es no entender cómo funciona la realidad del mundo universitario. En el mundo existen miles de redes que se asocian a las universidades de acuerdo con sus intereses. De hecho, nuestra universidad integra más de una docena de ellas. Solo en Chile existen ocho. El académico en sí es otro mundo aparte en la pertenencia a distintas redes. Esto es algo connatural a las instituciones, es un activo de nuestras universidades. Claramente, el Estado no debe interferir en algo tan propio del mundo académico.

Como una «importante» atribución se encuentra aquella en que la subsecretaría solicitará al Consejo de Rectores antecedentes e informaciones sobre la situación de la enseñanza superior. Realmente, creo que no se reflexionó suficientemente sobre esta atribución y no tiene sentido profundizar mayormente, o que alguien explique por qué es el CRUCh el que deba, por ley, transformarse en el intérprete de las tendencias educativas.

Por último, la subsecretaría debe ejercer las demás funciones que le asigne la ley. Atribución típica de cualquier proyecto, pero que en este caso es de alto impacto y de alto de riesgo que estén bajo la tutela de la autoridad política de turno. Así es porque dentro del articulado tiene atribuciones que violentan la autonomía de las instituciones, de la Comisión Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Educación. Aprueba el cierre y creación de carreras, fija vacantes, aranceles y planes de desarrollo, entre otras.

¿Tiene sentido, entonces, crear una institucionalidad nueva, gravando al Estado con una nueva carga financiera? La respuesta claramente es no.

 

 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.