Las inversiones del Partido Socialista y la venta de inmuebles del Partido Comunista han levantado una serie de reacciones. Ambas agrupaciones han construido su discurso político denunciando los supuestos “males del capitalismo”, culpando a la economía libre de todos los problemas sin reconocer el gran impacto que ha tenido en Chile, originando un vigoroso sector de ingresos medios y transformando la calidad de vida de millones en tan sólo una generación.

El PS y el PC despliegan una retórica virulenta en contra de la economía libre y sus instituciones, haciendo gala de un discurso donde las ideas centrales en materia económica son las obsoletas recetas de nacionalizaciones masivas, colectivismo, estatismo e intervencionismo económico. Pero la realidad es otra y ellos se mueven como expertos en el mercado bursátil e inmobiliario, obteniendo mejores resultados que varias instituciones financieras de la plaza, impulsados por el ánimo de obtener la mayor utilidad posible, incluso en mercados regulados. Los promotores de las ideas de Marx y Gramsci, los partidarios de la dictadura de Fidel Castro y del chavismo, han desplegado una ambición rentista que supera a la que ellos atribuyen en su caricatura al empresario, al emprendedor y a todos los que creemos en la economía libre.

La actitud rentista se proyecta a la labor legislativa, y no es de extrañar que sus propuestas económicas estén dirigidas a intervenir y regular excesivamente cada vez más aspectos de la economía. ¿La razón? Estos grupos rentistas prefieren una economía lo más cerrada y regulada posible, donde sólo quienes tienen vínculos con las autoridades de más alto nivel pueden gozar y disfrutar de las “bondades del mercado”. Es una economía donde priman las relaciones y contactos por sobre el imperio de la ley. Esta distorsión es lo que se conoce como “capitalismo rentista” (crony capitalism).

Aquí radica la gran contradicción: mientras ellos gozan de las ventajas materiales del mercado para financiar la política y su causa, supuesto “bien público”, descaradamente buscan limitar los beneficios de esta lógica en otros “bienes públicos”, como serían la educación, la salud, la previsión social, el medioambiente o el trabajo. Más aún cuando existe una verdad innegable: la economía libre genera progreso y movilidad social como ningún otro sistema político económico. Así lo han podido comprobar los socialistas cuyas inversiones inteligentes les han generado inmensas utilidades, aunque el Estado se haya privado de los correspondientes ingresos.

Lamentablemente, el daño a la confianza en las instituciones puede ser de gran alcance. Porque, más allá de la legalidad de los actos, el problema radica en que la opinión pública percibe estas situaciones como eventuales actos de corrupción y no como actos de inconsistencia o inconsecuencia. Y no hay que olvidar que los populistas están al acecho.

Estos problemas sólo confirman que los mejores antídotos para los conflictos entre la política y la actividad económica son el Estado de Derecho y la economía libre. Debe existir igualdad ante la ley, reglas claras y objetivas que se apliquen a todos los actores por igual, y un ambiente que elimine la discrecionalidad y arbitrariedad del Estado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Pulso, www.pulso.cl.