Los que suscribimos esta nota nos honramos con la amistad del coronel (r) de Ejército, profesor universitario y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé Galilea. En su carrera como oficial en las Fuerzas Armadas, e igualmente durante sus cuatro períodos de función edilicia, Cristián demostró su capacidad, alta preparación académica, laboriosidad y sentido de responsabilidad. Baste recordar que su destacado desempeño como alcalde de Providencia fue reconocido y premiado en el extranjero por importantes autoridades y organismos, con medallas, diplomas y otros galardones.
Por todo eso es inexplicable que, al momento de escribir esta nota, Cristián se encuentre detenido en Temuco como consecuencia de una querella presentada en su contra en dicha ciudad, imputándosele con febles testimonios su presunta responsabilidad por la comisión de ilícitos (eventuales torturas) cometidos hace ya …¡43 años!…, cuando Cristián ostentaba el grado de subteniente; pero, particularmente, insólito y agraviante es que el ministro de la Corte instructor de la causa haya dispuesto este encarcelamiento por constituir Cristián “un peligro para la sociedad”.
La situación injusta que afecta hoy a nuestro amigo, y que ha golpeado también a tantos militares que formaron parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, nos exige formular las siguientes reflexiones:
1. El ropaje jurídico con que se pretende cubrir este y otros tantos juicios contra ex integrantes de las FF.AA. oculta el carácter de despiadada venganza y persecución promovida por quienes fueron impedidos de llevar a cabo su mesiánica intención de sumar a Chile como una sucursal más de la Cuba de los Castro. Poco se puede comprender que esta estrategia persecutora y vengativa sea avalada y ejecutada en este caso por ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco y, en general, por el Poder Judicial a través de tribunales superiores.
2. No hay que ser abogado especialista para apreciar que, en el caso de Cristián y en todos los demás de este carácter, se les han desconocido principios fundamentales de reconocimiento universal, como son el derecho a acceder a un debido proceso, la prescripción, la cosa juzgada y la irretroactividad en materia penal. Es decir, se ha pasado por alto nuestra Constitución Política que, en carácter de garantías constitucionales, comprende tales principios. A este respecto, ya es francamente inoficioso recordar que los hechos por los que se acusan a Cristián y demás militares, de comprobarse seriamente que constituyan ilícitos penales, están también amnistiados por una norma legal plenamente vigente.
3. En suma, además de entregar todo nuestro activo apoyo a Cristián y a su familia, injusta víctima de esta diabólica manía vengativa y persecutoria, estamos comprometidos igualmente con la tarea de argumentar y demostrar a la mayoría de la opinión pública honesta y pacífica que la situación penal que hoy sufren tantos ex militares, antaño integrantes del gobierno de las FF.AA., constituye a estas alturas un insoslayable atentado al propio Estado de Derecho por su naturaleza y la contundente infracción que ella implica en su esencia al orden institucional del país.
Los otros poderes del Estado no deben olvidar que, hace 43 años, fue un irresponsable y creciente degradar el orden institucional lo que condujo a que el poder de las armas se viera forzado a pronunciarse alterando su habitualmente mansa obediencia.
Notas:
Esta carta fue publicada originalmente por El Mercurio de Santiago.
(*) Firmada por Gustavo Cuevas Farren, Yerko Torrejón, Cristián Poblete Rivas, Hernán Isotta, Rodolfo Krausse, Francisco Silva U., Hermógenes Pérez de Arce y 12 suscriptores más.