Tres reformas han ocupado espacio en la prensa de los últimos días: la previsional, anunciada por la Presidenta de la República; la educacional, por su rechazo en la comisión de educación de la Cámara de Diputados; y la que anunció a su institución el General Director de Carabineros, a raíz del fraude ampliamente conocido.
Las tres expresan un vértigo cierto por reformarlo todo, inclinación que se instaló en nuestra sociedad, pero sin la perspectiva y racionalidad que requieren los cambios que producen efectos de largo plazo. Es bastante obvio que los cambios deben intentarse cuando se tiene, al menos, un diagnóstico razonablemente claro de los problemas que se pretende subsanar. Esta es la falla estructural de las iniciativas que ha impulsado este Gobierno.
¿Para qué? Es la pregunta simple que no tiene respuesta clara, ni en la reforma tributaria, ni en la educacional, ni en la constitucional, ni tampoco ahora en la previsional. Por eso es imposible que conciten apoyo, porque nadie –ni siquiera los partidarios que le van quedando a la Nueva Mayoría– puede definirse respecto a objetivos indefinidos.
Pongamos por caso la educacional: ¿el Gobierno quiere hacer un cambio profundo para mejorar la calidad o la cobertura? Cuando uno escucha que el gran cambio es la gratuidad, debe suponer que se busca mejorar la cobertura, porque el diagnóstico consistente con eso es que se requiere permitir el acceso de jóvenes que no pueden pagar la educación superior. Pero los números no calzan con ese diagnóstico, por el contrario, la cobertura ha crecido de manera impresionante en las últimas dos o tres décadas.
Al comienzo de las marchas se escuchaban discursos contra el lucro y tuvimos un debate acerca de si es compatible el lucro con la calidad en educación. Sin embargo, la gratuidad tiene que ver con el financiamiento y no con la naturaleza de la institución educacional.
En la tributaria: ¿se trataba de aumentar la recaudación o de hacer “justicia contributiva”? No es lo mismo. Para lo primero se podrían haber hecho cambios bastante más simples, pero el esfuerzo anti elusión, con el discurso que lo acompañó, dejaba en evidencia que se consideraba “injusto”, por ejemplo, el sistema integrado.
Sin entrar al fondo de lo anunciado en materia previsional, la pregunta es cuál es el objetivo: ¿legitimar el sistema introduciéndole un componente de reparto o mejorar las pensiones? Si es lo primero, se entendería –aunque no la comparto– la lógica de crear un administrador estatal, pero si es lo segundo no, porque todo el costo fiscal para crearlo podría haberse destinado a mejorar pensiones. La promesa de que va a ser “livianito”… En fin, no creo que sea necesario detenerse en ella.
Con todo, el síntoma más claro de la falta de claridad es que, al día siguiente del discurso presidencial, el ministro del Interior nos informa que ese proyecto no entrará antes de tres meses. Queda claro que no está claro.
Respecto de Carabineros, ¿cómo se puede plantear una reforma que se haga cargo de las condiciones que permitieron fraude antes de tener claridad del alcance del mismo? Cualquier reforma a una institución como Carabineros debe hacerse con sus mandos, nada distinto es realista. Pero tampoco es realista que, en estas circunstancias, la propuesta de reforma provenga exclusivamente de ella. Es probable que sea un proyecto serio, pero planteado así, veo muy difícil que tenga alguna viabilidad legislativa, especialmente si estamos a menos de un año de que asuma un nuevo Gobierno.
La Nueva Mayoría se ha caracterizado por una suerte de ansiedad legislativa, marcada por un proceso intelectual inverso a lo que sería racional: primero se coloca un objetivo ideal, por cierto genérico; luego, se anuncia un proyecto que, más o menos, se redacta en el sentido del objetivo; y finalmente se articula un diagnóstico, que nunca queda muy claro ni compartido. Cuando se piensa en la solución antes que en el problema, es lógico que los cambios se hagan con la sutileza y precisión de una retroexcavadora.
Entiendo que más de alguien podría decir que las opciones que planteo no son excluyentes: en educación se podría buscar cobertura y calidad; en previsión, intervención del Estado y mejorar las pensiones; en la tributaria, más recaudación y más “justicia”.
Después de todo, el discurso de la “nueva izquierda” se construye con el mismo supuesto que tenía la “vieja”: los recursos no son escasos, sólo están mal repartidos. Por eso a esta nueva izquierda le está yendo más o menos igual que a la de antaño, es cosa de preguntarles a los venezolanos.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.