Los anuncios en materia previsional, que se han ido filtrando desde la mesa de conversaciones del Ejecutivo, se han tomado los titulares de los medios de comunicación. Lamentablemente, no porque sean soluciones técnicamente valorables, sino por los conflictos internos que trasuntan, las influencias de la llamada posverdad y lo más grave, por significar retrocesos en la solución del problema de fondo; mejores pensiones para todos los trabajadores.

El tema partió con el impasse de la Ministra del Trabajo, que adelantó uno de los anuncios  principales; el destino del 5% de cotización adicional, con su ya famosa frase, en la saga de la legendaria “retroexcavadora”; “ni un peso más para las AFP’s”. El Ministro de Hacienda reaccionó con disgusto, lamentablemente no motivado por lo equivocado del postulado, sino por la filtración antes de tiempo. El concepto detrás de esta frase es un claro tributo a la era de la posverdad, ya que involucra una opción que, en vez de favorecer a los trabajadores, los perjudica. Esto por dos razones; la primera es que si hay algo que ha funcionado bien en nuestro sistema previsional es la administración de los fondos por parte de las AFP’s, y la segunda es que si son éstas las que manejan la cotización, no habría ningún costo adicional para los afiliados –la comisión es un porcentaje del ingreso mensual del trabajador, no del fondo–, lo que no sería factible bajo cualquier otra alternativa. Pero la gravedad de estos dichos errados va más allá, por cuanto contribuyen en forma importante a la campaña de desinformación y mentiras en materia previsional que lleva ya varios años. Mal la podremos revertir si son los Ministros de Estado sus principales auspiciadores.

Tampoco es buena noticia que esa cotización adicional sea “con cargo al empleador”. Sabemos que eso es una ficción, y que finalmente se trata de un impuesto al trabajo formal, reconocidamente el más ineficiente y regresivo de los tributos ¿De qué magnitud es este impuesto? Utilizando los datos de cotizantes dependientes e ingreso promedio imponible actual, sería la nada despreciable cifra de US$ 3.700 millones anuales, equivalente a la mitad de lo que se esperaba recaudar con la reforma tributaria de 2014.

Sumándose a las malas ideas, sólo la mitad de esta cotización adicional iría a las cuentas individuales, y con el resto se crearía un mini sistema de reparto, que no por ser de menor envergadura deja de tener todos los problemas de ese esquema, cuando además la demografía juega claramente en contra. El resto iría supuestamente a las cuentas individuales, aunque sólo supuestamente, ya que al no ser heredable, de acuerdo a otra de las filtraciones de la mesa de conversaciones, no parece claro entonces el derecho de propiedad sobre los fondos. Esto, además de tener probables vicios constitucionales, genera un problema práctico entre el retiro programado, que tiene opción de herencia, y la renta vitalicia. Obviamente se genera un incentivo a optar por la segunda opción, que no estaría expuesta a expropiación en caso de fallecimiento.

Por último, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, contraviniendo su nombre, se ha manifestado en contra de ir igualando paulatinamente la edad de jubilación de hombres y mujeres, a pesar de que esta diferencia en la edad de retiro es la causa más importante para explicar la brecha en las jubilaciones de ambos.

En definitiva, con lo que se conoce hasta ahora, si finalmente el gobierno manda al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional, pasaría a ser el broche de oro de las negativas reformas estructurales que nos está dejando de herencia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.