Nos perdonará el lector el abuso de siglas en el título, pero ya se entiende: Estados Unidos y la Unión Europea, desde hace años aliadas en la ONU, acaban de protagonizar un importante choque a propósito del aborto y la “salud reproductiva”. Con victoria, por el momento, de los Estados Unidos (quien paga manda), para gran alegría de quien escribe esto, un europeo que siente vergüenza de las posiciones promovidas por la Unión Europea en estos foros internacionales.

El caso es que la Comisión de Naciones Unidas sobre el Status de la Mujer adopta cada año un documento en el que expone sus objetivos y proyectos, es lo que se conoce como Agreed Conclusions, las Conclusiones Acordadas después de un proceso de negociación entre los países que lideran la Comisión y que, lógicamente, coinciden con los mayores donantes en este campo.

Durante la administración Obama esa negociación era puro trámite: los dos principales donantes, Estados Unidos y la UE, estaban de acuerdo en promover en los países en vías de desarrollo un enfoque de la salud que incluye un supuesto “derecho al aborto” como elemento irrenunciable para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres (con la sonora excepción de las que aún no han nacido).

Durante estos años la estrategia ha sido la habitual: se empieza introduciendo esa supuesta pretensión de que el aborto constituye un derecho en documentos de segundo o tercer rango, por supuesto no vinculantes, votados en oscuras comisiones. Cuando se han acumulado bastantes referencias, se pasa a una declaración de rango superior que asume ese supuesto “derecho” como algo ya establecido en base a las numerosas referencias en documentos previos. Y si cuela, cuela. Basta con que nadie alce la voz y sin casi saber cómo te encuentras con que se ha creado un nuevo derecho, el de matar al niño no nacido.

Pero esto ha cambiado con la llegada de la administración Trump, escenificándose precisamente en aquellas Conclusiones Acordadas de las que antes hablábamos. Este año, Estados Unidos se ha negado a incluir cualquier referencia al aborto en el documento, remarcando además que el consenso internacional sobre las políticas de la ONU sobre “salud sexual y reproductiva no crean nuevos derechos internacionales, incluyendo el derecho al aborto”. Más claro el agua.

Los acuerdos de este año no solo omiten cualquier referencia al aborto, sino que recuerdan que cualquier mención a conceptos tales como “salud sexual y reproductiva”, “derechos reproductivos” o “asistencia médica para la salud sexual y reproductiva” debe entenderse de acuerdo con los documentos previos de Naciones Unidas que establecen que el aborto no es un derecho, que instan a los países a ayudar a las mujeres para que eviten el recurso al aborto y que las disuade de promover el aborto como método de planificación familiar.

Esta posición, que no es más que recuperar lo que en su momento se llamó las Políticas de Ciudad de México, y que incluían la obligación para todas aquellas entidades que reciben fondos federales estadounidenses de abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en otros países, ha sido criticada por los promotores del aborto, pero el representante de Estados Unidos no se ha arrugado, al contrario, declaró que su país “no apoya el aborto en la asistencia médica reproductiva”, recordando que los Estados Unidos son el mayor donante mundial de asistencia médica materna y neonatal.

La Unión Europea intentó hasta el último momento modificar el texto… fracasando en su intento. No es de extrañar que la representante de la Unión Europea expresara su malestar y frustración, indicando que el acuerdo final se alejaba de lo hablado durante las negociaciones previas.

El comunicado de la delegación europea se queja también de que el acuerdo menciona la primacía del “espacio nacional de políticas” (o sea, que un estado puede negarse a ejecutar lo que una comisión de la ONU pretende imponerle), afirmando que “limita la ambición de la comisión”. Francia quiso apoyar explícitamente estas protestas, afirmando en un comunicado que “los derechos sexuales y reproductivos (probablemente, en este caso, un eufemismo para el aborto) son un prerrequisito para el empoderamiento (sea eso lo que sea) económico”. Ya lo ven, una oscura jerga para justificar lo injustificable.

Dos últimas curiosidades:

Polonia se expresó a favor de la postura estadounidense, señalando que “los derechos y la salud sexuales y reproductivos carecen de una definición internacionalmente reconocida”.

¿Saben quién era la delegada de la Unión Europea que tan mal encajó su derrota? Una española, Iratxe García Pérez, socialista, predrosanchista para más detalle, y esforzada adalid de la promoción del aborto a lo largo y ancho del mundo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Actuall, www.actuall.com.