Lo ocurrido con la ley de refichaje que aprobaron y ahora los tiene locos; con la que obliga a tener un 40% de candidatas mujeres en las listas parlamentarias y ahora se percatan que no caben; o con los requisitos para postular presidenciables que podría dejar fuera a varios, es aún más lamentable para nuestra democracia que el trámite de reformas llenas de ripios que obligan a retirarlas una y otra vez, a enviar apresuradas leyes rectificatorias o a deplorar posteriores efectos no previstos.

Es comprensible que no todos los colegisladores, de gobierno y parlamento, entiendan de educación, tributación, asuntos laborales, concesiones hospitalarias o estacionamientos públicos. Pero supera lo imaginable que tampoco entiendan de la política que ejercen de manera profesional, a tiempo completo, y pagados para ello por todos los chilenos. Son leyes dictadas por ellos mismos las que ahora los tienen en un brete cuando los plazos de fichaje y primarias se vienen encima. No se sabe siquiera quiénes cumplirán los requisitos legales para postular a la Presidencia o al Parlamento; ni cuáles partidos quedarán disueltos y sin financiamiento público.

Podrán alegar que la presión bajo la que legislaban, que el desprestigio de la política, que las redes sociales, que la Comisión Engel, etc., les impidió trabajar bien. Pero esa no es excusa. Todo detentor de poderes vive bajo presión y mayor será cuando mayor es el poder que tengan sobre asuntos que interesan a muchos. Si son incapaces de manejarlas, no son aptos para ejercer esos poderes. No sé si perciben la gravedad para nuestro sistema democrático de la interrogante que abren. Si no son capaces de legislar con seriedad y responsabilidad para sí mismos, ¿cómo aspiran a que la nación los crea capaces de hacerlo para el resto de los chilenos y para el país?

La confianza en la democracia y sus poderes públicos, no pasa por creer que todos saben de todo, sino por la convicción de que parlamentarios y gobiernos acuciosos, secundados por partidos vinculados a la sociedad, apoyados por sectorialistas competentes, luego de escuchar las opiniones de interesados y afectados, harán una buena ley. Buena por la responsabilidad con que trabajaban y porque recogen con rigor toda la diversidad de la sociedad nacional que representan; razón esencial que justifica entregar la actividad legislativa democrática a un colegislador colectivo y no a un experto.

La onda expansiva de esta crisis del refichaje llega muy lejos. Ya nadie serio, de derecha, centro o izquierda, duda que en estos años la política ha hecho un daño grande a nuestro dinamismo como nación, a nuestra convivencia, a nuestra capacidad para superar desigualdades con el mundo desarrollado que veníamos logrando, a la confianza en nosotros mismos y en nuestros gobernantes. Una política así no puede continuar. En todo el arco está obligada a la discontinuidad consigo misma. A volver a ser autoexigente en el pensar y actuar por el país. A dejar atrás el abandono de una gestión pública de calidad, al servicio de todos y no solo de unos pocos incumbentes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.