El rechazo del proyecto minero Dominga no debiera sorprender: es lo que ha venido sucediendo con muchos de los proyectos grandes en los últimos años. Ahí están Barrancones, que aprobado murió de un “telefonazo”, la central Castilla, HidroAysén o lo que sufre Alto Maipo.

Lejos están los tiempos del expresidente Frei que, ante las críticas de los medioambientalistas, ordenó que se hiciera la central hidroeléctrica Ralco, simplemente porque el país no puede prescindir de este tipo de iniciativas. Era la época en que Chile se consideraba la “joya de la corona latinoamericana”, que crecía, atraía inversiones y ofrecía oportunidades de prosperidad. Pero el país se cansó de eso y ahora todos hacen valer sus derechos, que es sinónimo de oponerse a todo y pretender que, sin que crezca la torta, nos den de todo.

Es indispensable proteger el medioambiente y los proyectos con incidencia significativa en éste deben mitigar sus efectos. Para ello hay una “institucionalidad” que formula las exigencias pertinentes, pero bajo el predicamento que las iniciativas tienen que materializarse: el emprendimiento es clave para el desarrollo y un derecho constitucional. Pero la famosa institucionalidad ambiental se ha transformado en el mecanismo para hacer fracasar los proyectos; el medio para canalizar lo que un columnista, ya retirado, llamaba la “energía satánica” que impera aquí: cada vez que alguien quiere hacer algo, todos se movilizan para impedírselo. Si Dominga hubiere sido aprobada, los detractores habrían apelado al Comité de Ministros, al que ahora tendrá que ir el inversionista. En cualquier caso, un pronunciamiento a favor del comité no valdrá de mucho, porque vendrán años de litigio en los tribunales. ¿Quién va a querer invertir así?; y sin inversión, no hay crecimiento.

Dominga se asienta en una zona postergada y que requiere de actividad. ¿Las razones para rechazar el proyecto?: una hipotética afectación al medioambiente, que se materializa en el imaginario colectivo en los pingüinos de la zona. Nadie ha precisado cómo serían impactados, si el proyecto está tierra adentro, en una zona semidesértica. La mera posibilidad no es razón suficiente, ya que entonces ninguna actividad se podría realizar, puesto que siempre algo puede suceder.

Mientras el senador Girardi se dedicaba a amenazar y descalificar a los “seremis” que tenían que votar (¿esa es la pega de un senador?), el pronunciamiento que emitieron, además de lacónico, no se entiende: los que poseen competencia en el área medioambiental estuvieron a favor, mientras que otros, cuyas reparticiones expresaron no tener comentarios que formular cuando fueron consultadas, votaron en contra. El seremi de Agricultura se opuso, pero ¿cómo es que se afecta allí la agricultura? Otro reconoció que la ley amparaba al proyecto, pero igual votó en contra. Quien lea los motivos del intendente para rechazar, simplemente no entenderá “ni jota” de lo que dijo.

Hablamos de “institucionalidad ambiental”, pero entonces ¿cómo es posible que los que rechazan un proyecto de US$ 2.500 millones no estén siquiera obligados a fundar razonada y detalladamente sus objeciones?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.