Luego del grave ataque –de carácter claramente extremista– con bombas molotov por parte de siete personas a un cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI en noviembre de 2014, donde incluso se encadenaron los accesos a dicho recinto para que el personal quedara peligrosamente secuestrado, muchos esperábamos que se hiciera justicia.

Sin embargo, se acaba de dar a conocer un lamentable fallo, que estableció que solamente tres personas de las que participaron en el condenable atentado antes descrito recibirán una ligera condena de cinco años de libertad vigilada, lo cual fue incluso celebrado por los imputados.

Lo grave de lo antes expuesto es que, más allá de que la fiscalía consideró razonable la pena, con este tipo de fallos se da una pésima señal a la sociedad como un todo, de que atentados de carácter extremista contra funcionarios públicos, que podrían haber provocado serias o fatales consecuencias, terminen con personas en libertad. En países desarrollados este tipo de atentados conllevan penas que inhiben este tipo de repudiables conductas, partiendo, por supuesto, por la total privación de libertad por un largo período de tiempo de personas que a todas luces son un peligro para la sociedad.

Este tipo de casos debiese llevarnos a repensar como sociedad las penas que ameritan delitos de carácter extremista, como el descrito, y su adecuada aplicación por parte del Poder Judicial a delitos de la gravedad antes pormenorizada y cuya resolución, estoy cierto, genera una profunda desilusión por parte de la gran mayoría de ciudadanos que se enfrentan a una creciente ola de delincuencia, que atemoriza su diario vivir por una tremenda sensación de impunidad generalizada por una justicia esencialmente garantista con delincuentes y extremistas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.