La situación de la Universidad Arcis se está constituyendo en la punta de lanza de uno de los más escandalosos fraudes a la fe pública en la educación superior chilena. Primero, hace patente que la institucionalidad que debe velar por la gestión académica y económica de una universidad con graves problemas, simplemente, no funciona. Además, algunas coincidencias. La principal, la venta de la corporación Universidad Arcis a miembros de la comisión política del Partido Comunista (PC) y paralelamente la creación de una sociedad inmobiliaria para arrendar los inmuebles. En ese nuevo contexto, ¿hubo lucro en los retiros de dividendos en esas sociedades relacionadas, como afirmó taxativamente que sí el ex rector de esta casa de estudios Tomás Moulian? ¿Se habrá investigado? No, eso no se investiga en el Chile de hoy; ya se sabe que algunos sectores gozan de impunidad.

Segundo, la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a la universidad en 2010 y luego lo refrendó en 2012, en circunstancias de que ya los informes contables auditados por Grant Thornton, 2011 y 2012, arrojaban pocas dudas de una situación financiera desordenada y extremadamente precaria.

Lo tercero, la actual disputa de roles entre el liquidador tras la declaración de quiebra de la universidad y la labor del administrador provisional, que dan cuenta de un inédito desorden jurídico donde nadie entiende cuáles son las facultades legales de cada uno. De paso, ¿qué se ha ganado con la tan «cacareada» ley del administrador provisional que se aprobó en este gobierno?

Lo cuarto, el rol del Partido Comunista chileno. Según el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, profesor exonerado de esta universidad en 2006, fue el «sectarismo» y el estilo «corrosivo«, un «utilitarismo dogmático fuera de tiesto» del PC, siguiendo «la tendencia de algunos partidos políticos de controlar ciertas instituciones, de hacerlas militar es un sentido absurdo de la construcción de poder«, responsables de la crisis.

En resumen, como en la tragedia de Hamlet, «algo huele mal en Dinamarca«, pero al final no habrá responsables ni sanciones, y los únicos perjudicados serán los estudiantes y funcionarios que confiaron en la buena fe de los directivos de esta universidad, al fin y al cabo se trataba de conocidos políticos, y en el Estado. Sí, para no creerlo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.