El término “posverdad” se puso de moda luego que el Diccionario Oxford lo eligiera como la palabra del año 2016. Se trata de una expresión que “denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Podría decirse que es una versión moderna del “miente, miente, que algo queda”, frase de Voltaire que el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels hizo propia.

En sintonía con la referida posverdad, las universidades estatales lanzaron la semana pasada un video denominado “Más endeudados que titulados”, expresando su particular visión del sistema de educación superior y del Crédito con Aval del Estado (CAE). Para los rectores de esas universidades, la cuestión es bastante simple: la mayoría de las instituciones chilenas no son otra cosa que callampas, y los jóvenes que las prefieren y ahí estudian gracias al CAE estarían condenados a un futuro sin progreso. El rigor intelectual que se espera del rector de una universidad y el análisis serio de situaciones complejas fueron reemplazados por una caricatura de dos minutos de duración, que desinforma y confunde.

Afortunadamente, en Chile existe información pública relevante sobre las características de nuestro sistema educacional, lo que permite despejar algunas dudas sembradas por el video de las universidades estatales.

Si comparamos la acreditación de las estatales con la de las universidades privadas que reciben CAE (callampas para estos efectos), nos sorprenderá ver que las primeras tienen en promedio de 4,2 años, mientras que las otras 4,3 años. Asimismo, respecto al porcentaje de retención de los estudiantes de primer año, en las universidades privadas los alumnos que poseen solo CAE o una combinación de becas y CAE presentan una retención de 80% y 86%, respectivamente.

En cuanto a la preferencia de los estudiantes, un estudio de Acción Educar muestra que, dejando fuera a las dos instituciones históricas y más preferidas del país (Pontificia Universidad Católica y Universidad de Chile), quienes postulan a la educación superior vía Sistema Único de Admisión prefieren en primer lugar a las universidades privadas del CRUCh, mientras que las universidades privadas fuera del CRUCh son tan preferidas como las universidades estatales.

El CAE, como cualquier política pública, puede ser criticada con miras a ser perfeccionada, pero no sin antes considerar sus aspectos positivos. Incluso sus detractores aceptan que el CAE ha permitido el acceso a la educación superior a miles de jóvenes que antes no podían optar a ninguna ayuda por parte del Estado. Estudiantes de todos los quintiles de ingresos han hecho uso de esta herramienta en todo tipo de universidades acreditadas, incluso estatales: Según datos de la Comisión Ingresa, cerca de 30.000 estudiantes de universidades estatales han sido beneficiados con el CAE desde 2006, a pesar de contar con mejores becas y créditos que las universidades privadas. Corresponde entonces perfeccionar esta herramienta para no quitarle oportunidades a nadie, que fue lo que se hizo en 2012, pero los rectores de las universidades estatales, convenientemente, no parecen tomar nota de aquello.

Es lícito utilizar toda forma de comunicación para defender intereses y participar en el debate público. Sin embargo, cuando lo hacen instituciones del Estado, con recursos públicos, se espera que eleven el nivel y complejicen la discusión, agregando argumentos nuevos o perspectivas diferentes al ruido de la calle y la consigna, y no al revés. Las universidades estatales, si buscan arrogarse el derecho exclusivo de representar “lo público” y un proyecto educativo inclusivo y abierto a todos los chilenos, harían bien en abandonar formas de discusión pública caricaturescas, de bajo nivel intelectual y que se fundamentan en ridiculizar a otras instituciones y sus estudiantes hasta el absurdo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, http://ellibero.cl.