Una vez más las inversiones de Sebastián Piñera le juegan una mala pasada. Es que no puede renunciar a intentar buenas pasadas, aunque sean políticamente riesgosas. En esta ocasión, se trató de la adquisición de acciones de una pesquera en Perú, mientras era Presidente de la República y el país estaba enfrascado en una disputa marítima con ese país en la Corte de La Haya. Algunos en la centroderecha dicen que no le traerá mayor costo político, porque la ciudadanía ya tiene internalizado el hecho que juega siempre al límite y que hace estas cosas. Un argumento pobre y políticamente lamentable, que implica que como sector no tenemos un estándar mejor que ofrecer. Que además olvida que la ciudadanía parece hoy poco dispuesta a tolerar operaciones cuestionables, harta de la promiscuidad entre la política y el dinero.

Pero sobre todo, que esta vez el asunto tuvo un cariz distinto: mientras todos los chilenos estábamos cuadrados tras nuestro Presidente en el diferendo marítimo con Perú, él invertía en una empresa pesquera local. No será ilegal, pero es impresentable como imagen; una que hiere sentimientos básicos de los chilenos. Que la pesquera no se benefició del fallo, que no fue mucha plata, que el grueso de la inversión se materializó una vez que dejó la presidencia o que nuestra defensa en La Haya fue impecable, no es el punto de fondo.

La aseveración de Sebastián Piñera que no supo –algo así como que se enteró por la prensa– y que dicha inversión la decidieron otros, no es aceptable. No solo porque sabemos que él decide todo, no solo porque jamás dejó de estar sobre el mercado bursátil mientras era Presidente –mantenía encendidas las pantallas de la bolsa en el escritorio presidencial–, sino porque es tercera vez que nos pide que creamos lo mismo. Que invirtió en acciones de LAN sin conocer los estados de resultados luego de participar en el directorio en que se informaron; que nada tuvo que ver con las facturas que se emitieron a una de sus sociedades y que luego fueron anuladas para ser emitidas a una tercera empresa, y que el Ministerio Público asocia a un financiamiento ilegal de su campaña; y ahora, esta irreflexiva inversión pesquera.

Todas estas operaciones cuestionables le han causado daño a su prestigio, al menos por ser altamente imprudentes, y curiosamente jamás ha obligado a los supuestos autores a asumir su responsabilidad por ellas. Cualquier otro –como hizo “la Papelera” con sus gerentes– los hubiere despedido. Más, cuando el expresidente nos ha precisado que específicamente les encargó administrar en forma prudente.

Lo lamentable es que los dirigentes y actores políticos de la centroderecha salieron en masa a apoyarlo y a acusar una “campaña” de sus adversarios, como si la política fuera otra cosa que campañas, llegando incluso a presentar una denuncia ante los tribunales, comprometiendo la credibilidad de todo el sector en la bondad de la operación accionaria en Perú. Y peor, evidenciando una vez más que no habrá igualdad de trato en una primaria presidencial, pues ¿si se denunciare a Manuel José Ossandón o José Antonio Kast por un hecho semejante, cree usted que los defenderán de igual manera?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.