Es innegable, hay un ataque sistemático a las universidades privadas, particularmente desde autoridades de entidades estatales. El rector de la más antigua universidad, aludiendo a ellas, señala que “viven paraísos fiscales dentro del país” y procura llamar la atención del Gobierno con la finalidad de conseguir un trato preferente. Misma intención del vicepresidente del Consejo de Rectores, CRUCh. Se quejan ambos de que las estatales han sido perjudicadas y están en crisis. Incluso, aquel rector propone soberbiamente trazar una línea divisoria: “entre quienes están bien en la educación superior y quienes están mal y muy mal”. El principal argumento esgrimido a favor es que solo las instituciones estatales son públicas, interpelando al fisco a injerirse en dichas universidades porque a ellas concurre una “enorme mayoría de estudiantes”. De su exposición se infiere que los criterios que deben primar en la ley para otorgar financiamiento al sistema universitario son: que no se lucre, que se garantice calidad y se asegure la inclusión.

Los rectores no estatistas, pero del CRUCh, salieron al ruedo diciendo que la naturaleza jurídica no excluye su vocación pública y han desplegado buenos argumentos, al punto que la ministra del ramo se allanó a reconocer que desarrollan dicha función.

¿Qué pasará con las restantes privadas?

De partida, todas son reconocidas por el Estado, de manera que pueden otorgar títulos y grados. No obstante, existen diferencias entre ellas: de tamaño, antigüedad, años de acreditación, por estar adscritas al sistema único de admisión (PSU) y por existir certeza de que varias no lucran. A su vez, se puede sostener que también cumplen una función pública, prestando diversos servicios a miles de compatriotas y exhibiendo estándares de calidad iguales o superiores a los de las estatales. El único criterio objetivo de que disponemos, en este sentido, son los años de acreditación con que cuentan y se puede consultar el listado que respalda esta aseveración. Hasta 5 años de acreditación lo tienen privadas y estatales. Solo siete universidades del CRUCh alcanzan mejor evaluación, pero con antigüedades muy superiores, que hace imposible compararse.

Se puede todavía señalar otro indicador para contradecir lo afirmado. No es cierto que la mayoría de los estudiantes universitarios prefieran las estatales. Las cifras crecientes son favorables a las privadas desde el 2007. En la admisión 2016 y respecto del 2015, las estatales registraron un modesto incremento en la matrícula de 1,6%, las privadas del CRUCh un 3,8% y el resto de las privadas un 4,2%. Más del 50% de los postulantes se matriculó en las últimas y las estatales en su conjunto disminuyeron la cantidad de alumnos, con la excepción de la U. de Atacama, pero hubo cinco estatales con porcentajes negativos. Esta situación es muy relevante, porque la admisión fue bajo el régimen de arancel diferenciado (gratuidad). Es decir, inclusión.

Se desprende del Informe de la Contraloría de la República sobre financiamiento a universidades (2015) que de las 30 favorecidas con mayor aporte fiscal, 25 son del CRUCh y cinco privadas. De las primeras, la Universidad de Chile “recibió la mayor cantidad de aportes provenientes del Estado y la única que goza de recursos exclusivos”.

¿Qué dice este panorama? Que los criterios de discriminación señalados más arriba para acceder al financiamiento estatal lo cumplen un abanico de privadas y que el mentado “paraíso fiscal”, tirado al bulto, es un infundio perfecto.

Si los rectores estatizantes –que quieren privilegios trazando la línea divisoria– saben que el Estado no es dueño de los recursos para la educación y que están disponibles gracias al esfuerzo de todo un país, ¿con qué derecho piden prerrogativas, a costa de privar de financiamiento a universidades privadas, de calidad, vocación pública y en las cuales estudian cada vez más alumnos de condiciones socioeconómicas similares a las del CRUCh?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.