El ministro Rodrigo Valdés, que es un raro socialista en el que la sensatez precede a la utopía, ha hecho meritorios malabares para que el gobierno al que sirve no termine de destruir las bases de la prosperidad de nuestro país. Cierto es que ha tenido que hasta apelar a una pesada hipoteca del futuro, pero eso es todavía mejor que agotar del todo la iniciativa privada, que será la que sacará a la economía chilena de su actual estancamiento en cuanto haya un gobierno con muchos “Valdés” y sin retroexcavadoras.

A poco de iniciar su gestión, este singular ministro hizo una declaración no solo rara en un alto funcionario del actual gobierno, sino en boca de cualquier ministro de Hacienda de nuestro país en cualquier época. En ella aludió explícitamente al pavoroso déficit de gestión que desde hace mucho tiempo aflige al Estado chileno y lo convierte en un mal empleador y pésimo empresario. Apuntar a esa enorme deficiencia administrativa es inusual en cualquier gobierno chileno, porque no hay nada que le guste más a la mayoría de nuestros políticos que la expansión exponencial del Estado, que es la que acrecienta el poder que ejercen y multiplica puestos en qué acomodar a su clientela electoral.

El déficit de gestión a que aludió el ministro Valdés aflora en Chile con tanta cotidianidad que hasta pasa inadvertido. Es lo que está patente en las crisis del Sename, de Gendarmería, del Registro Civil, del ocaso de Codelco, etcétera, y ello para no mencionar más que algunos estallidos recientes. Todos ellos, y toda la innumerable serie de estallidos pasados, encienden la misma alerta roja: ¡El aparato administrativo chileno es incapaz de gestionar con un mínimo nivel de eficiencia todo lo que teóricamente abarca!

Cualquiera diría que la única forma realista de enfrentar ese déficit de gestión es concentrando la capacidad que se tiene en lo perentorio e imprescindible, mientras se reorganiza y se refuerza, podando en el ínterin todo lo superfluo y tercerizando responsablemente lo que hoy se hace mal, pero que hay que seguir haciendo. Y, por supuesto, hay que congelar toda nueva expansión hasta que exista una base firme y eficiente para abordarla.

Pero la lógica ya no está de moda en la política chilena y todos los días vemos cómo se reacciona frente a esta realidad precisamente haciendo lo contrario.

Para demostrarlo, baste analizar dos asuntos en plena marcha. En las últimas semanas, el Gobierno dice haberse hecho cargo de la insatisfacción social por la insuficiencia de las pensiones de retiro, que con absoluta falsedad los afectados atribuyen a las AFP. Para enfrentarla, anuncia la creación de una entidad estatal para administrar y suplementar los fondos de retiro insuficientes; o sea, propone añadir otro agujero negro de recursos públicos que se sume a los numerosos que ya existen, como el Transantiago, como la Enap, como Ferrocarriles o como la gran mayoría de las aventuras empresariales del Estado en que se despilfarran los recursos fiscales que hacen falta en educación, salud, seguridad, etcétera.

El segundo caso a la vista es la iniciativa para empoderar más a las regiones con el loable propósito de iniciar una verdadera descentralización del país. Pero, si el gobierno central tiene un pavoroso déficit de gestión, ¿qué región del país tiene una capacidad autónoma de administración como para recibir más empoderamiento? Tal como están las cosas, la creación de super-intendentes regionales de elección popular va a terminar inevitablemente en autoridades frustradas y frustrantes si son buenas, y en autoridades caras, estériles y demagógicas si son malas.

En los dos ejemplos invocados se muestra la irrealidad con que el Gobierno enfrenta la evidencia de sus falencias administrativas. Todavía ni siquiera asume que es inútil y perjudicial inventar entidades o autoridades descentralizadas sin antes preparar la capacidad administrativa para dotarlas de alguna posibilidad de desempeño eficiente.

Pero lo peor de la situación es que parece imposible que en la actual estructura democrática se constituya un gobierno capaz de implementar la más necesaria de las reformas que reclama la realidad: la reforma para crear una estructura administrativa estatal compacta, altamente capacitada, económica, estrictamente subsidiaria en el campo económico y obsesivamente centrada en los tres sectores donde se concentran las mayores urgencias del país, como son la salud, la educación y la seguridad. Mientras no surja un régimen capaz de enfrentar eficazmente ese magno desafío, Chile tendrá que seguir cargando con un Estado que es el peor freno para alcanzar la sociedad próspera, libre y solidaria, que es el único anhelo compartido por todos nosotros.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.