Para nadie es un misterio que una universidad no se hace en un día y que no bastan los esfuerzos individuales y esporádicos. Constituir una universidad es una labor comunitaria de largo aliento, en la que se requiere de mucho rigor y especial perseverancia. El voluntarismo legalista no es suficiente, menos si va unido a un fuerte déficit de gestión, como muestra la accidentada creación de las universidades de Aysén y de O’Higgins.

¿Hubo estudios previos que hayan evaluado alternativas, como establecer sedes de universidades ya consolidadas de regiones cercanas? La respuesta es negativa. Se trataba de una promesa de la Presidenta que figuraba en el sacrosanto programa de gobierno. Había que hacerlas a como diera lugar. Y, claro, qué mejor que dictar sendas leyes y designar rectores para que vean cómo lo hacen, ojalá sin exigir recursos adicionales. Y así estamos con una flamante Universidad de Aysén con rectora destituida y reemplazada por otra del mismo equipo, que se apresura a asegurar que sus clases comenzarán el 2017 como sea. Todo ello mientras la Universidad de O’Higgins se apresta a recibir a sus alumnos en aulas de colegio. ¿Alguien se ha preguntado por la calidad de la educación que impartirán estas instituciones? Sin embargo, las dos han sido consideradas por obra y gracia de la ley como integrantes del Consejo de Rectores, mientras que este organismo niega el ingreso a universidades con décadas de existencia y ya varias veces acreditadas.

Lo notable es que el Gobierno no solo se dedica a “hacer” universidades, sino que además se empeña en “deshacer” aquellas que, con múltiples sacrificios personales y cuantiosas inversiones de recursos, se han ido consolidando en nuestro medio y que han posibilitado un acceso a la educación superior nunca antes visto.

Como si la destrucción de la Universidad del Mar no hubiera sido suficientemente aleccionadora (sus alumnos terminaron peregrinando de institución en institución para concluir sus carreras), ahora se amenaza a otras casas de estudios sobre las cuales se cierne la sospecha de incurrir en el más maligno de los pecados del “beaterío progre”: el lucro. La Universidad Autónoma ha debido recurrir a los tribunales en contra de la resolución del Consejo de Rectores, que se negó a incluirla en el sistema único de admisión no por lucrar, sino por no haber demostrado que no lucra. Por cierto, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró arbitraria e ilegal esta curiosa inversión de la carga de la prueba.

También en estos días se desató una escandalera ante el informe presentado en Estados Unidos por el grupo Laureate en el que señala que las universidades que sostiene en Chile –principalmente, la Andrés Bello y la de las Américas– compran servicios de Laureate a precios iguales o inferiores a los del mercado. No vemos cómo podría esto vulnerar la ley chilena, y menos que ello pueda menoscabar la calidad de su desempeño. La Andrés Bello muestra una creciente participación en los Concursos Fondecyt y está acreditada en las cinco áreas, incluida la investigación. La Universidad de las Américas fue reconocida por el apoyo brindado a los ganadores del Oscar al mejor corto animado con “Historia de un oso” y tiene como decano de su Facultad de Derecho nada menos que al presidente del Consejo de Observadores del proceso constituyente.

Por si fuera poco, el proyecto de reforma a la educación superior, unánimemente repudiado, pretende controlar desde el Estado, vía fijación de aranceles funcionales a la gratuidad, la provisión de miles de carreras y programas de pregrado. Si las autoridades de gobierno no son capaces ni siquiera de poner en marcha dos universidades estatales, ¿cómo podemos pensar que serán competentes para gestionar el entero sistema de educación superior chileno?

En este escenario “delirante”, como lo ha calificado el ex rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, cabría aplicar al Estado aquello de “si no va a ayudar, al menos absténgase de estorbar”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.