La Constitución Política de la República es el instrumento jurídico de mayor jerarquía normativa dentro del sistema legal. Es ella la que dota de validez (poder de obligar) a la ley, los reglamentos y demás reglas particulares que regulan la vida social. El fundamento último de la Carta Magna es axiológico, vale decir, se basa en los valores que predominan al momento de darle vida. Si dichos valores evolucionan, la misma Constitución arbitra la manera de modificar sus disposiciones para recoger las nuevas preferencias mayoritarias.

Solo cabe abrogar íntegramente la Constitución cuando el orden establecido se fractura, lo cual ocurre, por lo general, en dos supuestos: ante una profunda crisis política e institucional, o ante la victoria de un proceso revolucionario. Cabe advertir que los pueblos van internalizando los principios y los preceptos que organizan su convivencia, lo que da estabilidad a las normas que los rigen porque ellos (los principios y preceptos) se arraigan en el espíritu de los gobernados. Este fenómeno explica que países poderosos e influyentes -como Estados Unidos- hayan tenido una sola Constitución en más de 200 años de existencia, sin perjuicio de numerosas enmiendas posteriores. Para evitar que mayorías circunstanciales, víctimas de entusiasmos transitorios, puedan alterar sustancialmente la legalidad, se exigen mayorías calificadas para introducir cambios e innovaciones a su texto.

¿Qué ocurre cuando un país, sin hallarse sumido en una honda crisis política ni en una revolución, fuerza la realidad para imponer otra Constitución que interprete mejor el ideario político que abrazan quienes ejercen transitoriamente la potestad constituyente? ¿Es legítimo que se convoque al pueblo para promover un cambio innecesario que se presenta como si se tratara de una panacea prodigiosa? ¿Qué consecuencias se seguirán de esta estrategia que busca cambios radicales al margen del contexto político y social o de una verdadera conmoción revolucionaria? Estas son las preguntas que saltan a la vista desde una perspectiva jurídica e histórica de lo que está sucediendo en Chile.

La actual Carta Política requiere, sin duda, modificaciones menores, como las relativas a las facultades (probablemente excesivas) del Jefe del Estado, o a la rigidez de los quórums para aprobar ciertas leyes (orgánicas constitucionales). Pero no ocurre lo mismo con las bases de la institucionalidad, ni los pilares del sistema económico, ni el reconocimiento de los derechos fundamentales, ni la regulación de los órganos autónomos (Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Banco Central, Ministerio Público). Sustituir el “principio de subsidiariedad” por un hipotético “principio de solidaridad”, o transformar algunos «derechos fundamentales» en “derechos sociales”, es una consigna demagógica que esconde el anhelo de refundar una economía socialista -que restrinja y controle la actividad de los particulares-, y que privilegie un gasto público preferente que bien puede discutirse en el marco legal en cada caso y de acuerdo a las circunstancias. La actividad política, en un país emergente y respetuoso del Estado de Derecho, debería poner énfasis en el crecimiento y en la equitativa distribución del ingreso. Resulta aberrante propiciar la demolición de un modelo económico cuyo establecimiento costó décadas consolidar y que nos ha permitido superar muchas de nuestras limitaciones.

No cabe duda de que, en este momento, las prioridades del Estado deberían concentrarse en resolver -en el mismo orden- las insuficiencias en seguridad, salud, educación y previsión social (cuesta a este respecto explicarse la primacía que se ha dado a la enseñanza universitaria, salvo que obedezca al temor de contrariar la movilización estudiantil). El empeño por lograr superar estos problemas no requiere de una reforma constitucional, ni tampoco la Constitución vigente obstruye su solución. Por lo mismo, la discusión sobre una nueva Carta Magna es un artificio, creado para esquivar los problemas de fondo, haciéndonos creer en fórmulas mágicas capaces de obrar milagros.

El riesgo que asumimos al someternos a esta estrategia es aumentar, a corto plazo, el desprestigio y desconfianza en el quehacer político, y una progresiva ideologización del país, lo cual, unido al aumento de micropartidos, pondrá en serio peligro lo que tanto ha costado avanzar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.