El veto presidencial contra la reforma laboral augura una judicialización de las relaciones entre trabajadores y empresarios. Aunque el eje de la discusión hoy radica en otros aspectos, conviene advertir los problemas que implica este cuadro. Al aprobar el veto, el Congreso ha dado un paso más en el camino de su desprestigio como órgano político, transfiriendo (nuevamente) la responsabilidad de solucionar el problema a los tribunales de justicia.

En efecto, la ecuación que debe modular las relaciones al interior de la empresa entre los trabajadores y los empleadores es, ante todo, un problema político y, por lo mismo, el Legislador es el responsable de definir los términos de esta relación. Por ende, cuando la definición se plasma en una ley, toca a los tribunales velar porque sea respetada por todos. Sin embargo, de prosperar el veto en los términos en que se ha discutido por la prensa, el Congreso dejará un problema sin resolver y se lo traspasará tal cual a los tribunales de justicia.

Debemos advertir que acá no existe ninguna exageración. El vacío que dejó la sentencia del Tribunal Constitucional en el proyecto de la reforma laboral, respecto de la regulación de los grupos negociadores, no será subsanado por el Congreso, si es que éste acoge el veto presidencial al acuerdo alcanzado con la oposición (pactos de adaptabilidad). Dicha laguna, en consecuencia, será llenada por los tribunales a través de la interpretación. Quizás el Ejecutivo cree que los tribunales serán afines a la orientación de este proyecto de ley y, por tanto, lo que la oposición le quitó le será devuelto por el Poder Judicial.

Este es un ejemplo más del fenómeno de la judicialización de la política. Un caso emblemático de esta tendencia es lo que ha ocurrido con las alzas de precio de los planes de las isapres. El Congreso ha sido incapaz de subsanar el vacío que dejó en la ley la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó el artículo 38ter. En su reemplazo, la Corte Suprema ha llenado ese espacio con su jurisprudencia, que de hecho se ha convertido en la ley del caso. Así, la tensión entre los intereses de las isapres y de los cotizantes —un problema político—, es conscientemente delegado por los políticos en los jueces.

De esta manera, los parlamentarios (y el Ejecutivo, que en Chile es colegislador) renuncian a cumplir con su deber cuando es ingrato y delegan la responsabilidad en los tribunales. Lo que no ven quienes así se desligan de su misión es que por esta vía aumenta el desprestigio de la corporación parlamentaria y, en general, de la tarea política. Paralelamente, se intensifica el rol de los jueces quienes, con criterios muchas veces pseudo jurídicos, pasan a moderar las expectativas ciudadanas; en el caso de la reforma laboral, las de los trabajadores al interior de la empresa.

No es casual, entonces, que a ojos de la ciudadanía los tribunales hayan adquirido un protagonismo político cada vez mayor. Las personas perciben al Poder Judicial como el responsable de satisfacer sus demandas sociales, en gran medida porque es el propio Congreso el que envía esas señales. Las expectativas por el marco general que posibilita un orden justo se han transferido desde el Parlamento a los tribunales, desde la ley a la sentencia, desde la política a la justicia.

Los tribunales, sin embargo, no están diseñados para resolver problemas políticos. Judicializar la política puede resultar cómodo para las autoridades llamadas a legislar, pero tiene un alto costo: al mismo tiempo que renunciamos a la política, renunciamos —querámoslo o no— a configurar nuestra vida en común.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, http://ellibero.cl.