Ahora sabemos que la muerte en un hogar del Sename de Lissette Villa, la niña de 11 años que falleció en extrañas circunstancias en abril pasado, no era más que uno de los 185 casos de niños que han muerto estando al cuidado de dicho organismo en los últimos diez años. Esto, unido a la fuga de 14 menores de un centro del Sename de Arica, ha hecho patente que estamos ante un servicio público en franca agonía.

Lo que extraña es que las autoridades de gobierno se muestren sorprendidas y que hasta la misma Presidenta Bachelet pida a la recién nombrada directora del Sename que acelere las medidas para realizar una “intervención profunda” en dicho servicio público. Digo que sorprende, porque fue su gobierno el que se negó a seguir tramitando un proyecto de ley presentado por Sebastián Piñera el 2012, que proponía reemplazar el Sename por dos nuevos servicios: uno dedicado a la protección de la infancia y otro destinado a la responsabilidad penal adolescente, lo que ahora se anuncia como novedad.

En marzo de 2014, recién iniciada la nueva administración, en vez de avanzar en la reestructuración del Sename, se prefirió crear una nueva entidad administrativa, el Consejo Nacional de la Infancia. Con Estela Ortiz como secretaria ejecutiva, este Consejo se ha convertido en una suerte de órgano supraministerial, que más que coordinar ha usurpado las atribuciones de los distintos ministerios. A poco andar, el Consejo determinó que la reforma del Sename debía postergarse porque era mejor aprobar antes una ley sobre “derechos y garantías de la niñez”.

Para elaborar este proyecto, el Consejo se tomó más de un año; fue presentado solo en septiembre del 2015. Desde entonces la iniciativa ha estado en la Comisión de Familia de la Cámara sin experimentar mayores avances. Todo lo contrario: al entrar en cuestiones tan delicadas como los equilibrios entre autonomía del niño y autoridad parental, han surgido fuertes discrepancias sobre los textos propuestos y se habla de más de 600 indicaciones presentadas para enmendarlo.

Se trata de un proyecto dedicado básicamente a declarar derechos, con redacciones que alcanzan un alto nivel de lirismo jurídico: “Todo niño –afirma categóricamente el art. 11– tiene derecho a ser tratado con respeto. Ningún niño podrá ser sometido a malos tratos físicos o psíquicos, descuido o tratos negligentes, abusos, explotaciones, castigos corporales, tortura o a cualquier otro trato ofensivo o degradante, especialmente en los ámbitos familiar, escolar, sanitario, institucional y social”. Ante la realidad de los niños del Sename, este tipo de normas grandilocuentes parecen un auténtico escarnio.

Por si esto fuera poco, el proyecto debe considerarse un pionero de la fórmula ocupada para la gratuidad universal de la educación superior, esto es, la “nueva política” (Carlos Peña dixit) de consagrar derechos pero dejarlos en suspenso y condicionar su efectividad al eventual e incierto crecimiento económico del país. El “conforme a las disponibilidades presupuestarias” del Estado es un ritornelo que se repite a lo largo de todo su extenso articulado.

Por las palabras de la Presidenta, abrigamos la esperanza de que la nueva directora del Sename cuente con la autoridad suficiente, por sobre la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, para dar un vuelco en las prioridades, esto es, poner urgencia al proyecto de reestructuración institucional del Sename y suspender el de derechos y garantías de la niñez. Para recuperar el tiempo perdido, en vez de presentar una nueva iniciativa, lo mejor sería retomar el proyecto de 2012, sin perjuicio de las modificaciones que el Ejecutivo quiera introducirle. Obviamente la ley deberá ir acompañada de más recursos y de una mejor gestión.

Los niños vulnerables necesitan acciones de protección real y efectiva. La retórica legal sobre sus derechos y los deberes del Estado, sujetos a “disponibilidad presupuestaria”, a más de inútil, resulta hipócritamente cruel.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.