Recién escrito el título, ya me doy cuenta de que me estoy metiendo en un lío. Pero, a lo hecho, pecho. Me remontaré a una constatación de uno de los caracteres de nuestra sociedad actual. Somos individualistas, en el sentido de que queremos tener el control de nuestra vida, hacer lo que queremos, que nadie nos diga que no a lo que queremos hacer, que no coarten nuestra libertad. Esta idea aparecía en una banderola del Ayuntamiento de Barcelona que estuvo colgada en las calles de la ciudad hasta hace pocas semanas: no quiero que limiten mi libertad, venía a decir, con una fotografía de una mujer como protagonista.

Vale. Quiero tener el control de mi vida. Pero esto es muy difícil y caro. Necesito… a ver, tomen nota los políticos, y el mercado, y la Unión Europea, y el Banco Central…: necesito un trabajo que me llene, con un buen sueldo, excelentes servicios públicos, una vivienda digna, una ciudad agradable, limpia y dinámica; buenas escuelas y universidades, sanidad gratuita y de calidad, al día; pensiones suficientes… Todo esto nos lo han prometido desde hace unas décadas y, durante un tiempo, fuimos avanzando; basta comparar nuestro nivel de vida al comienzo de la crisis con el que teníamos, por ejemplo, al comenzar la Transición política, a finales de los setenta.

Todo eso lo queremos como condición para llevar la vida que queremos, sin que nadie nos imponga nada, por razones económicas, por discriminaciones de cualquier tipo, por restricciones ideológicas o éticas… Y para conseguir esto hicimos una especie de pacto con los que nos dirigían: yo renuncio a controlar todo esto, y vosotros os cuidáis de eso que, en términos generales, llamamos estado del bienestar. A esto lo llamo “utilitarismo social”: renuncio a controlar todas esas cosas, a cambio de controlar mi vida privada. Y esto funcionó bastante bien, insisto. Hasta que llegó la crisis.

Y con la crisis empezaron a llegar las facturas. Vivienda: hay que pagar la hipoteca, que no estaba incluida en los derechos anteriores. Educación; han llegado los recortes. Sanidad: también. Pensiones: lo siento, no cuente con la generosa pensión que usted esperaba. Y, claro, nos sublevamos contra todo esto.

Y me parece que una parte importante de nuestro enfado radica en que no queremos aceptar que una parte importante de la culpa es nuestra. Porque si las pensiones no nos llegarán es porque vivimos más años que antes y tenemos menos hijos que antes, y esto no es culpa del gobierno. Y si nuestras ciudades no son tan agradables, a lo mejor es que contaminamos demasiado, quizás no nosotros directamente, pero sí las empresas eléctricas de las que dependemos para nuestro aire acondicionado.. Y así con todo.

Pero nosotros nos irritamos porque nuestros políticos no han cumplido su parte. Y quizás en el fondo nos damos cuenta de que no podían cumplir su parte, porque la carta a los Reyes que habíamos preparado era demasiado larga. Todo son derechos ahora: la lista de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU se ha quedado enana.

¿A dónde vas, Antonio?, me pregunta el lector. A que necesitamos una cura de humildad. Debemos reconocer nuestra parte de culpa en lo que nos pasa, como condición para poner remedio a lo que nos pasa, porque mientras no queramos aceptarlo seguiremos llamando incompetentes y corruptos a nuestros políticos, y seguiremos escuchando con esperanza sus promesas, aunque sepamos que no las podrán cumplir. O sea, en definitiva esperaremos que solucionen “mi problema”, aunque sea a costa de otros. Y esto es un mal comienzo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en su blog Economía, Ética y RSE, http://blog.iese.edu/antonioargandona/.