La semana pasada se inició con una noticia auspiciosa para la oposición: había adoptado por fin una postura común frente al “proceso constituyente” del gobierno. En efecto, el consejo político de Chile Vamos acordó por 29 votos a 2 que no avalará ni participará en dicho proceso, porque no cuenta con garantías para que sea legítimo. Pero al terminar la semana todo era confusión y nadie entendía nada.

Pues el acuerdo tenía letra chica: en realidad es abierto y el que quiere participa. Entonces, Evópoli participará y en RN parece que no pocos lo harán. Entonces, ¿para qué se adoptó un acuerdo tan tajante, que descalifica el proceso en su esencia? Además, ninguna organización o referente funciona si los acuerdos pueden no cumplirse, cosa que de manera sorprendente el mismo acuerdo contempla, no importando siquiera que haya sido adoptado por abrumadora mayoría.

Lo que podía erigirse en un hito político que mostraría que el sector está en vías de superar sus divisiones, y que tiene capacidad política e instinto de poder, devino en una nueva causa de su desprestigio. Peor aún, transmitió una señal confusa a los adherentes y votantes, que no saben qué opinar ni hacer frente al famoso proceso, lo que llevará a mayor confusión y desaliento. Y que salga fortalecido el objetivo del gobierno de demoler la institucionalidad.

No contentos con eso, salió a la luz una declaración sobre un documento con las propuestas constitucionales de Chile Vamos, que ni siquiera han sido capaces de darlo a conocer después de varios días. En lo esencial, innovaría respecto del Estado subsidiario, que ahora además será solidario. Dejando de lado el hecho que hay quienes niegan que el documento diga tal cosa (la frase la habrían agregado en el comunicado algunos que “interpretaron” el documento), no se entiende qué significaría tal cosa. Salen al ruedo intérpretes y explican que apunta a que el Estado no puede estar ausente, que debe haber uno que sea fuerte, pero no manipulado ni burocrático. Esto importaría un cambio cultural en la derecha.

Bueno, solidaridad no significa eso y si lo significara no importaría cambio cultural alguno. Pues desde siempre la cultura y doctrina de la centroderecha ha contemplado que el Estado tiene un rol clave que cumplir, en orden a velar porque los bienes públicos sean provistos y que haya una política social (¿acaso no la tenemos?), como por el imperio de la ley. Y lo que tenemos en Chile es un Estado que hace mal esas tareas, porque es ineficiente y está capturado por los intereses de ciertos partidos políticos (que no son los de la centroderecha). Declarar que el Estado será solidario no cambiará en nada esa realidad, pero sí servirá para que los partidarios de darle poder al Estado, o sea, de acabar con la subsidiariedad, vean validadas sus posturas: “si hasta la derecha se dio cuenta”.

Proponer que se consagre la solidaridad del Estado (que en realidad es una actitud de las personas), no es más que la compra de una bandera ajena, por parte de una centroderecha que no cree en sí misma y que renunció a convencer a la ciudadanía del valor de sus ideas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.