La política de gratuidad universitaria ha experimentado tantos vuelcos que me podría referir a un problema que no existe, o que se ha agravado todavía más. Después de las volteretas al perseguir consignas en vez de canalizarlas hacia lo posible y deseable, se ha recurrido a la antigua costumbre de desvestir a un santo para vestir a otro. El aporte fiscal por buenos puntajes se rebaja para poder dar gratuidad a una parte de los estudiantes, quedando en el desamparo otro sector del estudiantado que acude a la mayoría de las nuevas universidades particulares. Estas últimas se discriminaron con criterios no explicados, que sin más información aparecen arbitrarios.

En 1981 critiqué en estas páginas la propuesta de financiamiento, entre otras razones, porque dejar que los estudiantes -aunque fuesen los mejores- con su decisión incidieran en el presupuesto universitario me parecía un cogobierno disfrazado. Reconozco que las cosas no operaron de manera tan deplorable, y que las preferencias por universidad y carrera elegida han seguido en general una lógica razonable.

Cierto, hay que ayudar a la gran mayoría de los estudiantes universitarios, porque con toda seguridad carecen de los medios para pagar el verdadero costo de la universidad. Es probable que los fondos del Estado no alcancen a cubrir todos los gastos que exige una buena universidad. Algunos tendrán que pagar; otros aportarán lo suyo, ya sea con prestaciones o con una medida de pago razonable. Conozco demasiados casos de ex alumnos que están asfixiados por una deuda asumida bajo el supuesto engañoso de que su carrera les permitiría responsabilizarse de ese pago. El trabajo concreto de la mayoría no puede responder a ese supuesto; los salarios todavía no lo permiten. Otra cosa es que un egresado debería hacer un esfuerzo monetario razonable o por medio de la prestación de un servicio, ya que a partir de cierta edad se debe saber que los derechos son correlativos a los deberes; de otro modo no funciona la sociedad humana.

El tema de fondo es que al ímpetu reformista inicial lo acompañaba una concepción restringida de lo público y de lo nacional en desmedro de la consideración de calidad. Que se tenga presente que más adelante la mandíbula querrá morder a las universidades particulares tradicionales. Hay universidades estatales de gran categoría y otras que no lo son tanto. Lo mismo pasa en las privadas tradicionales y las nuevas. Una cosa es que los recursos del fisco deben tener como condición que las universidades receptoras estén debidamente acreditadas; pero los estudiantes que a ellas ingresen deben estar razonablemente informados sobre la calidad de cada institución y de la carrera respectiva. También la educación técnico-profesional merece el mismo criterio, entre otras razones, porque es aquí y no en las carreras tradicionales donde muchos encontrarán trabajo, en gran medida más necesario y mejor remunerado que en las anteriores.

Sobre todo, Chile no es ni lo privado ni lo público, ni el Estado ni la sociedad, sino que lo que vincula a todas estas dimensiones; de otro modo parecería que el criterio es que los dineros del fisco deberían destinarse exclusivamente a los empleados públicos. ¿Es lo que se pretende? Los estudiantes son todos chilenos, por si a alguien se le ha olvidado; y poseen los mismos derechos, entre ellos, a optar por los fondos públicos. La sociedad civil también puede fundar universidades. Estas pueden prosperar académicamente y ser parte de la nación, salvando el control de la calidad y el cumplimiento de la ley. Nada de esto es demasiado difícil de comprender.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.