Lecciones de política: Mesura, realidad, previsibilidad y espíritu

Rodrigo Pablo P. | Sección: Historia, Política, Sociedad

En un período en que se pretenden hacer grandes reformas legales, económicas y educacionales, y en que el país experimenta cierta amenaza a su integridad territorial y una verdadera descomposición de la confianza de la población en sus instituciones representativas. Es importante que quienes llevan las riendas de la nación consulten los libros de historia, identifiquen períodos semejantes y extraigan nociones e ideas de cómo enfrentar los tiempos actuales.

En este ánimo de recordar la historia: períodos, ideas y personajes; pondría los ojos en Manuel Montt. Presidente de la República entre 1851 y 1861, y probablemente el principal personaje político de su tiempo. Hombre que apareció en el gobierno de Manuel Bulnes y cuya influencia terminó poco antes de su muerte en 1881. El que sin perjuicio de haber sido sujeto de enormes contradicciones –cuya entidad exceden a los propósitos de este trabajo, que no es histórico, sino actual-, heredo al país una senda de progreso y reforma de la que no se había tenido conciencia hasta entonces.

Su gobierno comenzó con un quiebre institucional (Guerra Civil de 1851) y casi al finalizar se enfrentó otro (Guerra Civil de 1859); debió sobreponerse a una larga crisis económica; puso los fundamentos del desarrollo de la educación pública y privada (incluso el mismo Montt fue profesor); representó el inicio de tiempos más meritocráticos; llevó a cabo la mayor reforma legal que nuestro país ha experimentado, y que hasta hoy sigue vigente en la mayoría de sus partes: promulgó y publicó el Código Civil; construyó gran cantidad de obras públicas; firmó importantes tratados internacionales; enfrentó duramente a toda clase de grupos de presión, y fue capaz de perdurar en un siguiente gobierno – al menos en un primer momento.

Montt tenía una clara idea de que el país necesitaba reformas que era importante llevar a cabo lo más rápido posible. Sin perjuicio de lo que no fue vencido por sus ímpetus, deseos y emociones; tomando la decisión de llevarlas de forma calmada, tal vez no pensando en mostrar sus éxitos personales ante gobiernos e instituciones extranjeras, sino solo en el bien del país. Así, y sobre la forma de hacer las reformas, dijo: “Mas es menester no olvidar que esas adquisiciones preciosas (las reformas y avances de su gobierno), esa marcha de constante progreso que tanto nos complace, solo pueden conservarse y desarrollarse bajo la influencia de una marcha política basado en principios moderados. Ni un espíritu exagerado e indiscreto de reforma ni la apocada timidez que mira de reojo toda la innovación porque cambia lo existente, harán jamás la felicidad de pueblo alguno” (cuenta pública de 1861).

Montt le dio una gran importancia a la educación: fue rector del Instituto Nacional, mientras era Ministro de Educación se fundó la Universidad de Chile, fundo la Escuela Normal de Preceptores, tuvo gran interés por traer sabios de todas partes del mundo a contribuir al progreso nacional, fundó una importante red de bibliotecas populares, construyó el Teatro Municipal, buscó dignificar al profesorado, fortaleció la enseñanza técnica, expandió la educación pública y apoyó decididamente a la privada. Él mismo, era un hombre que le debía todo a su educación; de una familia de poca fortuna, todo se lo debía a sus estudios de leyes y a los puestos que desde abajo fue alcanzando.

Sin embargo, quizás lo principal fue su visión de la educación: la que no buscaba simplemente entregar una serie de conocimientos para utilizarlos en el ámbito de la  técnica, ni se encontraba reducida solo a los establecimientos educacionales, tampoco era solo un derecho  de los ciudadanos, sino que un deber de los mismos. Así y sobre ella dirá: “en los países regidos por instituciones republicanas, en donde todos los miembros son llamados a trabajar en el bien común, y a tomar una parte más o menos importante en los negocios públicos, el primer deber de los encargados de regirlos es preparar a los ciudadanos para que llenen sus funciones, ilustrando su inteligencia y preparando en su corazón los principios de moralidad y virtud…(todo esto) no puede lograrse sin una instrucción competente, que al mismo tiempo ilustre y perfecciones el juicio, despierte la actividad y habilite para sacar partido de nuestros recursos personales y mejorar nuestra condición con un trabajo inteligente: una instrucción que, dirigida a reforzar el sentimiento religioso, a grabar en el corazón los deberes de una conducta moral y virtuosa, disminuya y prevenga los delitos y haga que un espíritu más fraternal y justo presida las relaciones de los miembros de la sociedad”.

En lo económico nunca fue ideológico, contando con un gran sentido del principio de subsidiaridad, fue más bien liberal, pero no dudo en comprometer la intervención estatal para apoyar emprendimientos privados que pudiesen redituar al país, ni para crear mejores condiciones generales, ni para dar lugar a variados avances. Así hizo crecer las concesiones; fundó Correos de Chile y la Caja de Crédito Hipotecario (predecesora del BancoEstado); apoyó emprendimientos privados en la minería, industria y agropecuarios. Lo que lo distingue totalmente del régimen imperante, dividido entre los dogmatismos de un lado y de otro; de la captura del Estado por grupos de presión y de una visión de la economía separada del resto de las actividades humanas.

En las reformas legales, se dieron largos tiempos para pensarlas y reflexionarlas. El Proyecto de Código Civil, que finalmente entro a regir en 1857 había sido una prioridad de política pública desde el gobierno de José Joaquín Prieto, y Andrés Bello trabajaba en él desde 1840. Bello entregó el borrador a una comisión presidida por el mismo presidente en 1853 y el proyecto entró a regir como ley de la república en 1857. Es decir, los políticos de la época, entre ellos el presidente, estaban conscientes de que las reformas no se hacen para parcharse. Prefirieron arriesgar su paso a la historia por un trabajo bien hecho y preferían hacer las cosas con las debidas mesura y prudencia, antes que con el afán de velocidad vertiginosa propia del fanatismo y exitismo.

¡Qué contraste con el día de hoy! En que reformas importantes para el desarrollo económico, social y político del país se llevan adelante en períodos breves, con todo lo que ello implica. Así, la reforma procesal penal incluso llegó a saltarse un trámite antes de ser publicada –lo que hace que sea nula de pleno derecho y que por ende todas las sentencias dictadas conforme a ella lo sean a su vez-; la Reforma Tributaria del año 2014 ya está siendo revisada por sus nefastas consecuencias; la reforma al Código de Aguas avanza a pasos agigantados, no resolviendo ninguno de los problemas recurrentes en la materia(es decir los que usualmente llegan a los tribunales), sino que simplemente intentando socavar el derecho de los titulares de las aguas, introduciendo una mayor incertidumbre, en lugar de seguridad jurídica; la Reforma Laboral tiene alborotados los ánimos y no da seguridades a nadie, y ni hablar de la educacional, ni del fantasma de la constitucional.

En cuanto a la aplicación de la ley, ese fue el distintivo del gobierno y del personaje; de ahí que se le apodara: el Hombre Ley. Además de presidente de la República, fue juez y presidente de la Corte Suprema y su nivel de rigor en la aplicación de las normas lo conocemos tanto por sus dichos y fallos; como por lo dicho sobre él durante la acusación constitucional de la que fue objeto la Corte Suprema presidida por él en 1868.

El Hombre Ley se dedicó a aplicarla en toda su intención y nunca se amilanó en imponerla, sin importar quién se lo pidiera. Así antes de ser presidente, trabajando para Diego Portales, manifestó su desacuerdo cada vez que el ministro pretendía pasar por alto la ley vigente. Siendo presidente, enfrentó a la Iglesia Católica en la Cuestión del Sacristán, buscando que se impusiera la ley de la República, lo que produjo la división de su propio conglomerado; persiguió a los rebeldes de 1859, fuera cual fuera su clase social e ideas políticas, contra todas las opiniones que pedían la amnistía, y se abstuvo de imponerse por las armas al Congreso en 1857, al enfrentar una situación muy similar a la que llevaría a la Guerra Civil de 1891. Como juez, hizo de su misión siempre la aplicación de la ley, la que veía como el garante de la estabilidad y civilidad del país.

Esto impacta y hace querer traer a más hombres como él al ámbito de lo público. Sobre todo hoy, que hay jueces que públicamente declaran que ellos aplican la ley “no en su continente, sino en su contenido”; en que los grupos de presión han impedido una debida respuesta del gobierno en la zona de la Araucanía; en que el gobierno se siente con derecho de decidir que leyes aplicar (véase el caso de la Ley Antiterrorista); en que se aplican selectivamente instituciones jurídicas tan importantes como la prescripción; en que el gobierno recurre con facilidad a resquicios legales para imponer su voluntad; que las instituciones acusan legalmente a gente de un sector y no de otro, y en que instituciones tan importantes como la acusación constitucional se han desvirtuado para dar paso a una forma mesurada de violencia política . En suma, cuando el Estado no es capaz de asegurar que la ley y su imposición sean previsibles, mostrándonos cuan débil es en Chile el Estado de Derecho.

Podríamos concluir que lo que Montt les diría a los políticos de hoy es: mesura, realidad, previsibilidad y espíritu.