“Ninguno de ustedes imagina el hostigamiento que estamos viviendo en materia de fiscalizaciones” comenta un Director de un Colegio Particular Subvencionado que pidió reserva de su nombre. Hace pocos días se vio obligado a retirar del frontis de su establecimiento un lienzo que habían instalado con el mensaje: “Ud. Elige, Libertad de Educación” para informar a su comunidad educativa de las implicancias que tendrá la Reforma Educacional que está impulsando el Gobierno. Un funcionario de la Dirección Provincial de Educación les advirtió que mientras no retiraran el cartel seguirían recibiendo a diario la visita de fiscalizadores de la Superintendencia.

“Estamos viviendo un verdadero acoso… son horas y horas que perdemos al día y que nos distraen de nuestra tarea principal que es entregar una buena educación a nuestros niños”. El director cuenta que los fiscalizadores han llegado a pedir la documentación más insólita: “La semana pasada nos pidieron las liquidaciones de sueldo de los profesores en original, esas que cada profesor tiene guardadas en sus casas”.

El Ministerio de Educación está desplegado en terreno y como es el dueño de la billetera, usa su poderío para acallar la voz disidente de miles de sostenedores que ven en riesgo la continuidad de sus proyectos educativos, con las nuevas reglas del juego que plantea la reforma educacional.

¿Quiénes son los verdaderos incitadores de la campaña del terror? ¿Los sostenedores y agrupaciones de padres que han decidido transparentar y sincerar a sus comunidades educativas la imposibilidad de continuar con sus proyectos de aprobarse la reforma en las condiciones actuales, o el Ministerio de Educación que amenaza, acosa y asfixia a quienes ejercen su legítimo derecho a expresarse?

Esta actitud de superioridad, represión e imposición, la hemos visto también en los colegios municipales. El Ministerio de Educación está decidido a arrebatar las asesorías técnicas que los sostenedores han confiado libremente a fundaciones o privados constituidos como ATE (Asesorías Técnicas en Educación) para capacitar docentes y acompañarlos en la implementación de sus planes de mejoramiento educativo. A través de un protocolo de colaboración se pretende tomar control sobre ellos y restringir la poca autonomía que les queda.  A cambio, se les ofrece agilizar trámites administrativos y otras regalías.

Podría seguir enumerando otras prácticas abusivas, como la indicación que presentó el Senador Montes entre gallos y medianoche, para impedir que las familias conozcan los resultados del Simce de sus colegios, o la campaña publicitaria en que, con recursos de todos los chilenos, se promociona una reforma que aún está en construcción y que todavía no cuenta con la aprobación del Congreso. Y qué decir del comics con el que se caricaturiza la frustración de miles de padres que ven amenazada su libertad.

El Ministerio de Educación le hace bullying a quienes ponen resistencia a la reforma. Al igual que los niños en edad escolar, el Ministerio acosa, hostiga y usa la fuerza para manipular la imagen social de la víctima. Al igual que en un caso de bullying, la carencia de empatía del agresor, explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser sensible al problema.

El Gobierno de la presidenta Bachelet tiene en sus manos una oportunidad histórica de hacer un cambio real y profundo en la educación de Chile, pero debe tomar una decisión ahora: o seguir por el camino del matonaje con el Mineduc atacando y acallando a los descontentos, o asumir que partieron por la vía equivocada y buscar responder al verdadero problema que afecta a nuestro sistema: mejorar la calidad de la educación pública y proponer una nueva carrera docente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.