La Corte Suprema tiene en sus manos un caso trascendental. La manera en que resuelva sobre el fallo de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección presentado por apoderados del Instituto Nacional para poner fin a las tomas afectará el futuro de las protestas estudiantiles. Si ratifica el dictamen, la autoridad municipal se vería obligada a hacer lo que no ha querido hasta ahora: proteger a quienes han visto atropellado su derecho a recibir educación y actuar en contra de quienes lo conculcan a través de actos de fuerza.

La posición de la alcaldesa Carolina Tohá en este conflicto parece contradictoria: dice tener “muy claro” que las tomas son dañinas, reconoce que las ocupaciones se han “banalizado” y denuncia que “los estudiantes se toman los colegios a la primera”; pero ha presentado una apelación contra el fallo porque éste, afirma, clausura la vía del diálogo e impone como única solución el desalojo.

Pero el cierre del diálogo no ha sido causado por el dictamen, sino al revés: el fallo es la consecuencia obvia de la nula disposición para conversar de los estudiantes. La posibilidad de negociar con los dirigentes escolares se acabó en el momento que levantaron petitorios imposibles de satisfacer, impusieron las ocupaciones por la fuerza y provocaron –sólo este año– daños en los establecimientos de la comuna de Santiago por $ 400 millones.

El presidente de los alumnos del Instituto Nacional acusa que el fallo lesiona los derechos de los estudiantes. Sin embargo, es necesario que éstos comprendan que las tomas no son un derecho de los alumnos ni tampoco “actos políticos”, sino medidas ilegales que no pueden ser aceptadas porque vulneran, a través del uso de la fuerza, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

El fallo posee, además, otro valor importante: llama a la autoridad municipal a cumplir con su deber de proveer el servicio educacional que se ha comprometido a entregar. De manera increíble, la Dirección de Educación Municipal suscribió hace unos meses con los estudiantes un protocolo que regulaba las condiciones en que podían llevarse a cabo las tomas. Al parecer, esta claudicación es lo que la alcaldesa Tohá interpreta como “diálogo”. No obstante, en un estado de derecho las autoridades no pueden promover negociaciones que  cohonestan actos ilegales y dañan la convivencia social al recurrir a la violencia. Menos aún es conveniente llegar a este tipo de acuerdos con jóvenes en etapa formativa, pues ello les enseña que la fuerza es un medio válido para resolver los conflictos.

Es esperable que la justicia ratifique lo obrado por la Corte de Apelaciones y siente así un precedente valioso. Serviría para empezar a poner de nuevo las cosas en su lugar, luego de años de protestas y tomas en que la convivencia de numerosos establecimientos se ha visto desquiciada por la acción de grupos de alumnos violentos y la pasividad cómplice de autoridades que no han ejercido sus atribuciones para defender a quienes sufren la conculcación de sus derechos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.