Hemos vivido horas de default como las de Argentina, aunque con bastante más angustia. Ocurrió en la peor crisis de nuestra historia desde que existen cifras. Entre 1929 y 1932 se perdió el 88% del valor de nuestras exportaciones. El país se paralizó, al menos en el aspecto económico. En julio de 1931, Chile cesó los pagos de la deuda externa, sin perspectiva de reanudación, por primera vez desde que Portales y Rengifo habían ordenado las cuentas en los 1830. No faltaban las voces que llamaban a no pagar. Les asistía alguna razón: a Chile se le había prestado en los 1920 sobre la base de que su capital era el cobre y salitre; como estos se desplomaron, se habría caído un pilar del contrato.

Parte verdad y parte chiste de Condorito. Porque con la recuperación se podía pagar, pero solo en parte y con plazos distintos, y ello era parte esencial de la estrategia del ministro de Hacienda, Gustavo Ross, de reintegrar al país a la dinámica de la economía mundial. A comienzos de 1935 anunció un plan unilateral de pago, la Ley N° 5.580, por el cual se destinaban los ingresos fiscales del salitre y del cobre (no eran todos los ingresos del país por este concepto) al pago de la deuda. No cubría todo lo debido, pero algo era algo. No fue fácil que se aceptara por parte de los tenedores de bonos, y solo asintió una parte de ellos. Fue necesaria una modificación de la oferta chilena en 1938 para que los representantes de los acreedores recomendaran aceptar el plan chileno. A esas alturas, parte significativa de los bonos estaba en manos de quienes los compraron a los amargados tenedores originales y eran los que ahora reclamaban, es decir, una suerte de buitres. Mi modesta impresión es que estos tienen una base legal y no carecen de cierta legitimidad, aunque algo falla muchas veces en el ordenamiento económico internacional, no solo en los deudores.

La estrategia de Ross no persistió. El gobierno de Aguirre Cerda, debido al terremoto de Chillán, volvió a cesar en los pagos; y siguió un largo tira y afloja, en una historia que parecía sin fin, con otra cesación de pagos a fines de 1971. La última renegociación, de las muchas que hubo, ocurrió en 1986. Desde entonces en este aspecto surgió un nuevo país, más parecido a los momentos de progreso del siglo XIX. Como que se aprendió la lección.

No se trata de describir una historia petulante de éxito ante el caso de Argentina. Chile pagó muy caro todos esos tumbos y escaseces, falta de orden finalmente, que también incidieron en nuestra crisis política. Además, Argentina puede darse sus lujos al precio, eso sí, de que no llegue a ser lo que debía haber sido, el país modelo en América Latina. En cambio, Chile, si da un traspié, simplemente cae al abismo.

Esto no quiere decir que los grandes centros financieros internacionales no tengan su parte de responsabilidad. En 1930 se decía que Chile no tenía nada que temer. Todavía cuando a mediados de 1981 estalló la debacle en nuestra economía, los observadores internacionales solo veían bondades. Hasta meses antes de que explotara la crisis en Argentina en 2001, el FMI y otros organismos internacionales no habían visto nada mal en la plaza. Es cierto que Grecia tiene una responsabilidad mayúscula en lo que le sucedió, pero la burocracia de Bruselas y los responsables de las grandes capitales europeas debieron haber estado sobre aviso mucho antes. Así como los países en desarrollo, como los nuestros, deben sacudirse de la tentación de posar de víctimas y de héroes de una resistencia melodramática, los acreedores y las organizaciones internacionales deberían previamente acordar pautas para una alerta temprana y condiciones razonables de renegociación.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.