Ya desde la campaña, quienes hoy gobiernan proclamaron que no se aplicaría la Ley Antiterrorista, lo que, como se sabe, no es de resorte del Ejecutivo, sino del Ministerio Público y los tribunales. Se argumentó que ella no cumpliría con los estándares internacionales (cierto, en países desarrollados esas leyes son más draconianas) y que, refiriéndose al caso de la violencia en La Araucanía, no constituye un instrumento apto para solucionar conflictos sociales, lo que nunca ha sido la finalidad de una legislación de esa clase.

Pero la vida cambia, y acicateado por el reciente atentado con una bomba dentro del Metro, el ministro del Interior anunció su aplicación. Estaría, dijo, plenamente justificado (¿contradecirse?). Dijo que “aquí todos sabemos que la intención de las personas que colocaron la bomba era hacer daño a personas inocentes”: seguramente los afectados en los demás atentados eran culpables. Agregó que era un grupo de personas “con el objetivo no sólo de causar terror o temor, sino que causar daño directo a ciudadanos inocentes que iban a ocupar el Metro”. Claro, Celestino Córdova andaba a pie cuando incendió y mató para intimidar a los “colonos”.

Pero sucede que la ley no atiende a la cantidad de víctimas, ni al carácter inocente de ellas, su etnia u otras circunstancias, sino a que los autores de ciertos delitos busquen causar temor o terror en la población para lograr sus fines, lo que para el ministro, encargado de hacer ejecutar las leyes, no era suficiente. Pero ahora sí, aunque no hubo más que lesionados leves.

Hay quienes han mencionado otra diferencia: no es lo mismo un carro del Metro que un cajero automático, porque puede afectar a más personas. Un argumento que no sólo carece de base legal, sino que manifiesta desprecio por la integridad de las personas y la vida humana cuando las víctimas son pocas. Además, el número de víctimas en muchas ocasiones es fruto del azar y con ello se desconoce que los atentados terroristas suelen tener una progresión en la intensidad, lo que justifica “tolerancia cero”, que apunta a castigar las acciones menos letales para evitar que escalen.

La izquierda siempre tiene argumentos para justificar que alguien -que le plazca a ella- use la violencia. También capacidad para buscarle el “cuesco a la breva”, como en este caso. La pregunta es: ¿Por qué la vuelta de carnero del ministro? Es por el fenómeno de empoderamiento de la ciudadanía, no sólo para exigir variados derechos, como hacen algunos, sino que de otros, que son más, para reclamar también sensatez. Y naturalmente, nadie quiere verse expuesto a un atentado explosivo, y uno en el Metro nos pone a todos ante la evidencia de la gravedad de los ataques y que cualquiera puede ser alcanzado. Entonces, no hay disposición a aceptar lógicas falaces y se exige mano dura.

El ciudadano común debiera tomar nota que el gobierno no quería aplicar una ley que lo protege, con pretextos burdos. Pero está mejorando, ya que esta vez la calle no tuvo que esperar la siguiente encuesta: el gobierno se anticipó a los acontecimientos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.