No tengo razones especiales para simpatizar con la causa de Colombia o de Nicaragua en el diferendo del Caribe, pero desde la distancia llama la atención el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que zanjó las diferencias entre ambas naciones en esa zona. El pronunciamiento de la CIJ quitó sin más a la nación sudamericana enormes extensiones marítimas, sobre las cuales había ejercido soberanía por más de 80 años y con base en un tratado entre las partes (Esguerra-Bárcenas, 1928 y 1930), que Nicaragua desconoció recién cuando habían transcurrido 50 años de su aplicación. Y en circunstancias que la propia corte ha reconocido la vigencia de esos instrumentos, reafirmando la soberanía colombiana sobre todas las islas y cayos existentes en la zona que Nicaragua controvirtió.

¿Cómo sucedió? La respuesta parece estar en la tendencia de las distintas instancias de la judicatura internacional de resolver en “equidad” o conforme a criterios “salomónicos”, que no son otra cosa que saltarse la ley internacional aplicable para resolver de manera distinta de lo que está escrito y los principios que conforman el derecho. Dicho en simple, el argumento para sustentar la decisión fue que Colombia tenía demasiado mar en la zona y Nicaragua muy poco; o sea, un reparto más “equitativo”. Un tribunal Robin Hood. Para ello se tuvo que hacer caso omiso que los derechos soberanos sobre el mar son antes que nada una proyección del espacio terrestre, que en este caso son las islas reconocidas por el mismo fallo como pertenecientes a Colombia.

La sentencia tiene aspectos que sorprenden. En primer lugar, dejó dos islotes colombianos íntegramente rodeados de mar nicaragüense, lo que provocará problemas de acceso soberano a territorio de Colombia. Pero, además, si se trataba de repartir el exceso colombiano -y las islas ya no son fuente del derecho-, otros países pudieran haber pedido su porción “en equidad”, y como no fueron parte del juicio, no obtuvieron nada. Es cosa de mirar el mapa para ver que Costa Rica está bastante cerca y ahora tiene menos mar que Nicaragua, y que su proyección pudiera alcanzar sectores que se le atribuyeron a ésta. Los argumentos equitativos son cosa de diseñarlos.

La resolución puede traer más de un coletazo y no sólo entre los países que litigaron. Esto incluye a Chile, que fue arrastrado a un diferendo marítimo en La Haya por Perú. Nuestro país tiene sólidas bases para su posición: hay tratados y ejercicio de soberanía por 50 años. Ni pensar en que la CIJ se ponga salomónica. Argumentos se pueden imaginar, pero me los guardaré por razones obvias.

El punto que preocupa es que nuestro país frente a fallos contrarios a derecho de la Corte Interamericana de Justicia, que en un caso se saltó una reserva expresa que limitaba su jurisdicción y en el otro el debido proceso, no dijo ni hizo nada, salvo que en estos días estamos planeando un evento público para cumplir el segundo. Complicado que estemos transmitiendo el mensaje que aceptamos cualquier cosa y que los jueces internacionales que no se sienten limitados por el derecho tienen carta blanca. Quizás la fuerte reacción colombiana esté contribuyendo a que miren el asunto con una perspectiva más prudente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.