Inscripción obligatoria, voto voluntario.

Mario Correa Bascuñán | Sección: Historia, Política

Como es de conocimiento público, desde hace varios años se ha venido discutiendo alguna fórmula que permita atraer a una mayor cantidad de personas, especialmente jóvenes, a ejercer su derecho a sufragio en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales.

Se han barajado diversas fórmulas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, instancia en la que, hace pocos días, se aprobó en general el proyecto que permite la inscripción automática y el voto voluntario.

Tratándose de un tema esencialmente discutible, me inclino a pensar que es bueno consagrar el voto voluntario. Creo que es un buen estímulo para que los candidatos efectúen planteamientos serios, que atraigan al electorado y obtengan su efectiva participación en las elecciones. En todo caso, ello debe ser acompañado por una efectiva educación cívica que haga entender a la gente su responsabilidad respecto de la marcha del país. Es decir, que la democracia se debe tomar en serio y si no, no es democracia.

En cambio, mi opinión varía substancialmente en lo que respecta a la inscripción automática, porque se presta y se prestará para todo tipo de irregularidades.

En efecto, hoy existe un padrón electoral que da confianza a todo el mundo, elaborado desde los finales del gobierno cívico-militar, con elementos objetivos de certeza, como es la huella digital y la firma del elector. Aun así, en las últimas elecciones municipales hubo acusaciones en el sentido de que habrían votado personas fallecidas.

La idea de los proyectos en tramitación parlamentaria es que el Servicio Electoral confeccione el padrón electoral, basándose en datos del Registro Civil, asignando las mesas de votación según la dirección que entregaron las personas en el momento de sacar su cédula de identidad; pero es un hecho que los datos de las direcciones de las personas del Registro Civil no están actualizados. Es decir, se van a asignar mesas a muchas personas, casi dos millones y medio, que actualmente no están inscritos, teniendo como base direcciones que pueden estar obsoletas.

Se piensa en habilitar alrededor de 9 mil mesas adicionales para personas que nunca manifestaron su intención de votar; y habrá que designarles vocales, en un número estimado en 45.000 personas; y surge una interrogante que no puede ser soslayada: ¿se puede obligar a ser vocales a quienes pueden no querer votar?

Por otra parte, las personas continuarán cambiándose de domicilio y, de acuerdo a lo que se ha anunciado, la idea es que quien modifique sus antecedentes, debe comunicarlo al Servicio Electoral, concurriendo al efecto a las Juntas Inscriptoras. Parece razonable; pero me temo que quien no tenga intención de votar no tendrá el más mínimo interés en concurrir a dichas oficinas a modificar sus datos. Además, es muy posible que un sistema automatizado, al advertir que una persona aparece con diversos domicilios, le asigne diversas mesas donde sufragar y una persona termine votando o pudiendo hacerlo en más de una mesa.

Se piensa que la base de un sistema de inscripción automática serán los datos personales que maneja el Servicio de Registro Civil; pero no estará la firma ni la huella digital disponible en el momento de la votación.

Todo ello nos lleva a pensar en volver al antiguo sistema, vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, de inscripción obligatoria, sin perjuicio de que, con posterioridad, el voto pueda ser voluntario. En esa época, para cualquier trámite en instancias públicas, se requería estar inscrito en los registros electorales.

Por otra parte, desde un punto de vista doctrinario, lo menos que se puede exigir de un ciudadano es que se tome la molestia de inscribirse, para que pueda ejercer el derecho de elegir a quienes han de regir los destinos de nuestra nación chilena.

Es claro que en la discusión parlamentaria prácticamente no se ha considerado esta opción, porque hoy en día se ha ido instaurando una cultura de hacer todas las cosas lo más fáciles y cómodas posibles, produciendo unos ciudadanos mediocres que la única ley que están dispuestos a cumplir es la del mínimo esfuerzo.

He ahí una serie de consideraciones teóricas y prácticas para no confiar en un sistema de inscripción automática.

Pero hay otro tipo de consideraciones que hacer y es que, tradicionalmente, la gente de izquierda adhiere a la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. Además, no cree realmente en la democracia, sino como un medio para alcanzar y retener el poder. En otras palabras, siempre son propensos a hacer trampa para lograr el objetivo de la hegemonía en el poder.

Aún tengo vivo el recuerdo de don Jaime Del Valle quien, en su calidad a la sazón de Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, denunciaba el escandaloso fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 1973, precisamente uno de los fundamentos de la ilegitimidad de ejercicio en que había caído el gobierno de Salvador Allende y que, en conjunto con otros conocidos antecedentes, como los dictámenes de la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento, sirvieron de fundamento al pronunciamiento militar de 1973.

También recuerdo otros escándalos de trampas que se han hecho entre ellos mismos, como sus propios personeros lo han denunciado, como por ejemplo el conocido episodio de “Carmengate”.

Con Registros Electorales que daban ciertas garantías hicieron trampa y están dispuestas a hacerlas en cualquier momento. Por eso, hay que tomar todas las medidas para evitar al máximo las irregularidades; y eso pasa por tener registros en papel, con firmas y huellas digitales.

Hoy se afirma como argumento irrefutable que la inscripción automática es magnífica, porque en varios países de Europa existe un sistema similar. Pues bien, tuve la suerte de vivir en uno de esos países, curiosamente gobernado a la sazón por socialistas –y ahora también-, en que luego de cada elección aparecía un número importante de personas reclamando que, al llegar a votar donde se suponía debía estar inscrito de acuerdo a su domicilio, no lo estaba. En cambio, aparecía en otro pueblo a cierta distancia. Incluso recuerdo el caso de personas que, enteradas de que su inscripción se encontraba en otro pueblo, viajaba hasta él y comprobaba que ya había votado; es decir, otra persona había votado por él. Hasta tal punto se llegó, que me tocó presenciar situaciones en que debieron repetirse las votaciones de provincias enteras por este tipo de irregularidades.

Mayor aún era el escándalo de las votaciones realizadas por ciudadanos de ese país en el extranjero, pues llegaba a alterar significativamente los resultados de las elecciones efectuadas en su territorio. Por ejemplo, recuerdo que el Partido Socialista gobernante subió en dos el número de eurodiputados después de contar los votos del extranjero, en perjuicio de los candidatos de derecha.

Entonces, los parlamentarios de oposición no deben ser ingenuos y oponerse a un sistema que abre grandes posibilidades a la trampa impune, que siempre perjudicará a quien tiene sólidos principios morales y no está dispuesto a caer en el mismo sistema de ardides y trampas.

Votación voluntaria sí; pero inscripción automática, no.

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