Mucho se discutió a propósito del memorial a Jaime Guzmán Errázuriz, inaugurado el fin de semana recién pasado. El debate tuvo varias aristas, siendo una de las principales, además de la decepcionante inasistencia de la Presidenta, el valor que le habría asignado a la democracia el asesinado senador. Un conocido rector-columnista critica que el principal fundador del gremialismo no le habría otorgado un valor intrínseco, sino que, en el mejor de los casos, habría considerado a la democracia como un mero instrumento.

La historia y los escritos de Jaime Guzmán hacen muy difícil negar su opción por la democracia como forma de gobierno. Y si bien puede discutirse largamente sobre la bondad o malicia de la llamada democracia protegida, que Jaime Guzmán habría legado en la Constitución de 1980, el trasfondo de la crítica realizada por el rector-columnista resulta mucho más interesante. Para analizarlo como corresponde, resulta oportuno recordar que “Por democracia puede entenderse: 1) en sentido genérico, la participación activa de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública; 2) en sentido específico, una de las tres formas posibles del régimen de gobierno, según la nomenclatura clásica, de origen griego; y 3) históricamente, la ideología de la soberanía popular…”.

El primero de dichos sentidos, la participación, es esencial para la efectiva promoción del bien común de la sociedad. Pero la participación no sólo consiste en rayar una papeleta cada cuatro años para elegir a nuestras autoridades, ni tampoco se restringe a formar parte de algún conglomerado político-partidista. Ambas cosas son muy importantes y deben ser incentivadas, considerando la imperiosa necesidad de que personas capaces y formadas integren la dirigencia política. Pero la participación no se agota en ello.

La participación social se realiza, principalmente, en los cuerpos intermedios de la sociedad, colaborando para que ellos, dentro de sus legítimas autonomías, logren sus fines propios y específicos. Las familias, las escuelas, las universidades, las empresas y los colegios profesionales, sólo por mencionar algunos, posibilitan a las personas alcanzar su máxima perfección espiritual y material. Un tejido social bien constituido, que fomente un adecuado orden de participación de los cuerpos intermedios en los asuntos que naturalmente les competen, permite una decisiva participación de los ciudadanos en los asuntos sociales, y por lo tanto una real contribución al bien común de toda la sociedad.

El segundo sentido de democracia que se mencionó – régimen de gobierno – se refiere al llamado “gobierno del pueblo”. Esto implica la elección popular de ciertas autoridades, en general las más importantes o significativas. Además se podrían mencionar ciertas cuestiones que, con el paso del tiempo, se han hecho propias de este sistema de gobierno, tales como el control jurisdiccional del poder estatal o la mal llamada separación de poderes del Estado. Si bien el régimen de gobierno democrático se ubica en el plano de lo contingente –claramente han existido otros regímenes válidos a lo largo de la historia–, es una forma de gobierno no sólo absolutamente legítima, sino que además ofrece muchas bondades frente a las cuales resulta imposible –al menos para quien escribe– imaginar una alternativa mejor, especialmente considerando las circunstancias del mundo contemporáneo. Lo importante, eso sí, es comprender que la democracia, como toda forma de gobierno, es un medio dispuesto al servicio de un fin: el bien común de la sociedad, es decir, el orden social que posibilita la perfección de todas y cada una las personas de una sociedad concreta y determinada. La democracia, como toda forma de gobierno, no puede ser un fin en sí misma.

Finalmente, el tercer sentido de la palabra democracia enunciado al comienzo debe ser denunciado y combatido, porque para la “ideología de la soberanía popular” los criterios de bien y verdad quedan entregados exclusivamente a las mayorías, independiente de la realidad de las cosas. Esta es una de las maneras más comunes de entender a la democracia, lo cual la desprestigia injustamente. La enseñanza social de la Iglesia y la sola razón natural exigen luchar contra esta equivocada ideología, porque si bien es lógico e incluso deseable que en la infinitud de temas opinables y contingentes existan legítimas diferencias, no ocurre lo mismo con aquellas cuestiones necesarias para la perfección de la naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios, tales como el respeto del derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural, el matrimonio heterosexual e indisoluble, la libertad de enseñanza, o el salario justo, por mencionar algunos.

La ideología democrática destruye la sana democracia, aniquilando así la actividad política de nuestros días. Quienes tienen la dicha de comprender esto no pueden claudicar en la defensa y promoción de la dignidad de la persona humana. No debe olvidarse que “la sabiduría cristiana de siglos ha resumido así la actitud cristiana ante los distintos géneros de materias: In necessariis, unitas; in dubiis, libertas; in ómnibus, caritas. En las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, libertad; en todas, caridad”.

Así, y volviendo la discusión que originó esta reflexión, queda claro a quien deja mal parado la crítica del rector-columnista, respecto del valor que le habría asignado a la democracia el asesinado senador Guzmán. Se equivoca quien ve en la democracia un fin en sí misma, y más aún quien cree que la verdad y el bien quedan al arbitrio de la mayoría. No al revés.

Nota: Claudio Alvarado es egresado de Derecho y Secretario General de la FEUC.